Pero más allá de los requerimientos que se le hicieron al Concello por parte de Acuaes, hasta en dos ocasiones, el interventor municipal, en el informe de fiscalización sobre el proyecto de presupuestos que presentó el gobierno popular para 2018, que no prosperó al no contar con los apoyos necesarios ante el rechazo en bloque de los grupos de la oposición, ya alertaba sobre la situación.

Así, en el mencionado informe de fiscalización se incidía en que "resulta especialmente relevante que según figura en el avance de liquidación del ejercicio de 2017, quedaron sin tramitar facturas por un importe de algo más de 2,3 millones de euros", y advertir que "de no poner remedio a esta insuficiencia crediticia, el volumen de deuda contraída con la citada empresa pública, se incrementará a futuros ejercicios con devengos indeseables de gastos judiciales y los correspondientes intereses de demora".

Y eso fue lo que sucedió, ya que las facturas se fueron acumulando como se constata tanto en los informes mensuales de Tesorería y en semestral y, sobre todo, en uno de ellos en los que se puso de manifiesto que no había constancia de esas facturas en el sistema, y que junto con otras llegaron a superar los 7,5 millones de euros.