La Fiscalía considera que la administración pública pretendía "forzar y doblegar la voluntad" de dos arrendatarios mayores, utilizando como medida de "presión" la supresión del mantenimiento, las reparaciones y la limpieza de las zonas comunes y el ascensor. "Dejando de cumplir las obligaciones de la propiedad, intentaban presionar a los inquilinos para el desalojo". Es la tesis que expone el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en su querella contra dos cargos de la Xunta. No le consta "por ahora" que el conselleiro de Facenda "hubiera conocido o amparado actuaciones intimidantes". En cambio, pide investigar a dos técnicos por un presunto acoso inmobiliario a dos inquilinos mayores del inmueble número 1 de la Avenida de la Habana, en el centro de la ciudad de As Burgas. Son la secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda, M. P. S. M. H. -en ese puesto desde 2012- y el subdirector de Patrimonio, P. J. M. P., nombrado en 1999. "El estado del edificio a día de hoy se puede calificar de lamentable e insalubre, al haberse suprimido el servicio de limpieza y mantenimiento, no contando con ascensor ni tan siquiera portero automático", subraya el fiscal jefe. La Consellería niega las acusaciones "de manera rotunda", asegura que sí existe limpieza y que el elevador será reparado "en los próximos días". Aduce que intentó un "acuerdo amistoso" con los inquilinos y que ofreció una indemnización, o bien un alquiler en condiciones similares.
La querella del fiscal jefe -pendiente de su ingreso en los juzgados de Instrucción 1 o 2 de Ourense- apunta a una modalidad del delito de coacciones que consistiría en impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Este tipo de presión puede ser castigada en la mitad superior del arco de penas de prisión de 6 meses a 3 años, o con una multa de 12 a 24 meses, según el Código Penal. La denuncia fue presentada en la Fiscalía hace un año por la representación legal de una mujer que, con 92 años y tras 55 viviendo en el inmueble, se ve obligada a estar en un hotel porque, a consecuencia de una rotura de cadera en julio, no puede subir a pie a su cuarto piso. El otro afectado reside en el quinto. El fiscal calcula en unos 25.000 euros la posible responsabilidad civil.
La Xunta, a la que aún no le consta la querella aunque promete "su totalidad disposición a colaborar con la justicia", mantiene que esa inquilina "había mostrado disposición a negociar". Su abogado, Roberto Estévez, asegura que la administración "no hizo ningún tipo de acercamiento" y censura los modos: "Pretendía un desahucio sin pagar indemnización y usando medios no lícitos. Lo grave es que sea una administración pública la que utilice este tipo de mecanismos para intentar expulsar a dos inquilinos. Que todo un fiscal jefe vea los mismos indicios que nosotros es bastante significativo".
El edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana, de cinco alturas, es patrimonio de la Xunta desde principios de siglo. El propósito es dar uso administrativo al inmueble, para ahorrar alquileres de oficinas, máxime tras el traslado en 2015, al nuevo edificio judicial de O Couto, del servicio forense del Imelga y de los dos tribunales del ámbito de lo contencioso.
Rentas de 25 y 75 euros
Los contratos de los inquilinos, concertados en su día por la extinta Cámara de la Propiedad, fueron subrogados por la Xunta. El fiscal jefe señala que tras el nombramiento en 2012 de la secretaria general ahora querellada "la situación cambió radicalmente" para los moradores. Los cargos "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión del edificio lanzando a los arrendatarios, utilizando cualquier vía para ello, inicialmente acudiendo a los resortes legales, acompañándolos de medidas de presión no legítimas. Tal decisión de ambos querellados de dejar expedito el inmueble tenía que ver con algo que ellos personalmente entendían intolerable". La renta mensual de los mayores era de 25,26 y 74,97 euros, mientras que los gastos de mantenimiento del inmueble "eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas".
Tras un intento de desalojo por la vía judicial, presuntamente llevaron a cabo "medidas de compulsión irregulares y no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones que tenían como arrendadores". Unas formas, continúa el texto de la querella, "que también usaron antes de la presentación de la demanda para, cronológicamente junto con esta, forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo sin especificar que de antemano sabían que no iba a ser concretado ni aceptado, porque habría de ser con condiciones peores que la situación actual de los inquilinos".
Cronología de los hechos
En octubre de 2013, la secretaria general firmó un escrito en el que se pedía el desalojo voluntario de la denunciante antes de final de ese año, "sin señalar ninguna contraprestación, indemnización o solicitud de acuerdo". La querellada pidió en enero de 2014 a la asesoría legal de la Xunta que desahuciara a la señora mayor. La demanda se presentó en junio de ese año. El juez sentenció en contra de la Xunta y la Audiencia Provincial de Ourense confirmó la resolución a finales de 2015.
En noviembre de 2017, la secretaria general remitió a los dos inquilinos un escrito -redactado supuestamente por el otro querellado- en el que preguntaba las condiciones por las que accederían a dejar sus pisos. Según el fiscal, pese a la sentencia firme de 2015, la alto cargo insistió ese mes, de nuevo, para que la asesoría jurídica acometiese actuaciones para desalojar a los moradores. El servicio legal aclaró que la técnica no estaba legitimada.
En enero de 2018, una inspección técnica detectó deficiencias "muy graves" en el ascensor del edificio. "Fueron el fruto de la decisión de no realizar el mantenimiento como medida de presión", concluye Florentino Delgado. El aparato permanece inoperativo 9 meses después. La Xunta alega que "su reparación fue contratada en mayo y, pese a su excesiva complejidad (un ascensor de más de medio siglo cuyas piezas hubo que fabricar a medida, porque ya no existían), la empresa dice que quedará reparado en los próximos días".
"Dentro de la dinámica de la presión a los inquilinos" -añade el fiscal- la querellada notificó, en febrero, un escrito redactado por el otro cargo en el que expresaba al afán de poner fin al arrendamiento, señalando que "en todo caso, y antes de acudir a la vía judicial pretendemos llegar a una solución amistosa", como esgrime la Xunta. Pero el ministerio público recuerda que existía un sentencia firme en contra e informe negativo de la asesoría jurídica de la propia administración.
Los escritos de ambos cargos "nunca tuvieron amparo, sostén o justificación en ningún tipo de resolución, expediente administrativo, normativa o acuerdo, más allá de la propia voluntad de los querellados, que estimando legitimo el fin perseguido y extralimitándose en sus funciones públicas, no dudaron en presionar e intimidar a los inquilinos".
