17 de octubre de 2018
17.10.2018

La Fiscalía se querella contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario

Ve indicios de delito contra dos técnicos de Facenda por "forzar" el desalojo de dos arrendatarios en Ourense

17.10.2018 | 14:33
Edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana / GSV
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El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha registrado en el decanato una querella contra dos cargos de la Xunta de Galicia por un presunto acoso inmobilario. Ve indicios de delito de la secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda, un alto cargo, y contra el subdirector de Patrimonio de dicho departamento, por un presunto delito de coacciones inmobiliarias en el edificio de titularidad pública de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana, sito en la Avenida de la Habana nº1 de Ourense, que hasta 2015 albergó los juzgados contenciosos y la sede de los forenses.

Serán investigados por presionar presuntamente a los dos únicos arrendatarios para intentar desalojarlos. El texto de la querella del fiscal jefe señala que los altos cargos "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión del edificio lanzando a los arrendatarios, utilizando cualquier vía para ello. Inicialmente acudieron a los resortes legales acompañándolos de medidas de presión no legítimas".

Según el ministerio público, la decisión de los querellados "de dejar expedito el inmueble tenía que ver con algo que ellos personalmente entendían intolerable", como que la renta mensual de los únicos moradores era de 25,26 y 74,97 euros, y que los gastos de mantenimiento del edificio "eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas". Dice el fiscal que "centrados en esta voluntad personal cuyo objetivo entendían justo y razonable, intentaron inicialmente un desalojo por vía judicial, que al no satisfacer sus deseos, motivó que entendieran también justo y razonable el empleo de medidas de compulsión irregulares y no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones que, como propietarios-arrendadores cuya representación ostentaban, tenían".

El propósito de la administración era, presuntamente, "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo". Actualmente, el edificio de los perjudicados "se puede calificar de lamentable e insalubre al haberse suprimido el servicio de limpieza y mantenimiento, no contando con el servicio de ascensor ni tan siquiera con el de un portero automático"

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