Sí ha contestado la exconcejala socialista de Urbanismo, Áurea Soto, al recurso de apelación presentado por la Fiscalía ante la Audiencia contra la sentencia, también del Penal 2, que condena a esta y otros tres excargos del bipartito en el Concello de Ourense a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con la prórroga de cinco asistencias técnicas que derivaron en contratos fijos en el Ayuntamiento.
La acusación pública ha solicitado que la inhabilitación para cargo público se extienda también al empleo público "con carácter de funcionario cuando este tenga por objeto la gestión de cualesquiera intereses urbanísticos o de gestión de suelo". Esta petición afecta de forma directa a la exedila, con puesto fijo en el Concello de Santiago, en el área de Urbanismo.
La defensa de Soto pide la inadmisión o desestimación de este recurso, y sostiene que la modificación solicitada carece de respaldo argumental y evidencia "la animosidad del instituto público" frente a Áurea Soto "pues es a quien alcanzaría el efecto inhabilitador".
Así, considera "improcedente" la petición ya que la modificación que pide la Fiscalía, dice, se sustenta en que "los hechos delictivos tienen relación directa con las facultades de los condenados para la gestión urbanística y de suelo" cuando en realidad, recalca, la condena tiene que ver con la contratación administrativa o de personal.
