No recuerda, no puede contestar o no le suena. Así resolvió gran parte de su declaración ante el tribunal de la Audiencia Miguel Ángel C.F., el presunto cabecilla de una banda de narcos con contactos en Argentina y Colombia que distribuía en la ciudad de Ourense cocaína que cruzaba el Atlántico impregnada en papeles a través de envíos postales, oculta en un parapente interceptado en Bogotá o introducida a través del puerto de Marín.

El supuesto cabecilla sí admitió que 114,7 gramos que la Policía Nacional encontró en su coche el 3 de febrero de 2015 cuando regresaba de Vilagarcía de Arousa eran suyos pero no precisó para qué los quería ni cuál era el destino de esta cocaína, sólo declaró que se la habían entregado sin coste alguno negando cualquier relación con el tráfico de drogas.

Tampoco tiene nada que ver dijo, con la planificación de envíos de droga desde Colombia y Argentina, de los cuales la policía llegó a interceptar en la oficina de Correos de la avenida de Marín de Ourense un paquete con once folios en blanco impregnados con 20,67 gramos de base pura de cocaína.

Miguel Ángel C. integra junto con otros ocho acusados (cinco de Ourense, tres de Pontevedra y uno de Murcia) la supuesta banda que la Policía Nacional desarticuló en una operación antidroga desarrollada entre 2014 y 2015. Los nueve comparten desde ayer el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de drogas por el que la fiscal pide penas que suman 35 años de prisión y 90.000 euros de multa. Todos negaron su participación en negocios o tratos delictivos relacionados con la venta de droga.

Los 114,7 gramos de cocaína ocultos bajo el asiento del coche reconocidos por el supuesto cabecilla no es la única partida incautada por la policía en aquella operación. En total fueron intervenidos once quilos de estupefacientes, de los cuales 9.600 gramos tenían billete para volar de Colombia a Murcia a través de una empresa aérea de paquetería ocultos en un parapente. Pero la cocaína no llegó a cruzar el Atlántico. Las autoridades policiales de aquel país la detectaron el 10 de octubre de 2014 en el aeropuerto de Bogotá y el envío, que según la fiscal había sido concertado por el cabecilla con sus contactos en Colombia, resultó fallido.

La acusación se apoya en escuchas telefónicas en las que Miguel Ángel hablaba con un colombiano apodada "Caracolito". Su misión era enviar el equipo de parapente con la droga oculta al domicilio del también acusado Adel Darío M.M., en Cartagena, Murcia. Pero ambos se desentendieron de esta operación. Miguel Ángel alegó que su mujer es colombiana y que viajaba con frecuencia a aquel país para estar con la familia, nunca para comprar droga o establecer contactos. Los gastos los cubría su suegro, que también les ayudaba con el cuidado de las hijas, ya que él, con empresas en el sector de la construcción, había visto reducida la actividad y, en consecuencia, los ingresos. A "Caracolito" no lo conocía, dijo, y tampoco encargó un parapente.

Por su parte, Adel Darío señaló que quizás un conocido colombiano "que quería venir a trabajar a España" al que dio su dirección para devolverle un favor pudo usar sus señas para el envío del parapente.

La sala de vistas de la Audiencia acogió ayer la primera sesión del juicio que continuará el jueves y el viernes. Ayer declararon los nueve acusados para los que el Ministerio Fiscal pide penas de cuatro años de cárcel y multa de 10.000 euros cada uno, excepto en el caso de Enrique L.D. , al que aplica la atenuante de drogadicción rebajando a tres años la pena de prisión. Sostiene la acusación que Miguel Ángel se dedicaba, junto con Pedro Alexandre C.A. y Carlos Arturo S.M., a distribuir en la ciudad de Ourense la cocaína que adquirían "en grandes cantidades" a través de Enrique L.D, Abraham C.R. y Jorge A.C., con los que se reunían para las entregas en localidades como Vilaxoán, Pontevedra, Vigo o Barro. Después, señala la acusación, trasladaban la droga a un piso en la calle Pura y Dora Vázquez de Ourense que denominaban "la oficina" y que servía de laboratorio para preparar la cocaína para su venta "al por menor". De esta tarea se encargaban, según la fiscal, los otros dos acusados, José Antonio D.D. y Óscar M.C..

Las comunicaciones entre ellos se realizaban a través de dispositivos BlackBerry que fueron objeto de escuchas cuyo contenido fue negado por los acusados. Pedro Alexandre aseguró que los teléfonos que le incautó la policía los había adquirido ese mismo día por internet y que no los había usado. Aseguró que su relación con Miguel Ángel era familiar y laboral.

Carlos Arturo residía en el piso utilizado como laboratorio, cuyo alquiler corría a cuenta del supuesto cabecilla. A cambio, le servía de chófer en los viajes a Pontevedra y hacía alguna "chapuza".

Las defensas plantearon al inicio de la vista varias cuestiones de nulidad que serán resueltas por el tribunal en sentencia.