El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ourense desestima adoptar medidas cautelares para expulsar a los usuarios y trabajadores de la Residencia de la tercera edad de Podentes, en A Bola, y la Confederación Intersindical Galega, CIG, denuncia que el Concello desprecia a los ancianos y acosa a los profesionales que prestan allí sus servicios.

La alcaldía acordó en junio de 2016 el desalojo de la residencia por finalización de contrato y otros motivos como "daños y averías graves que pueden afectar la habitalidad del inmueble y su estabilidad estructural", y debido a que las diversas resoluciones administrativas no fueron ejecutadas voluntariamente y a la desobediencia de la empresa, el Concello presentó este mes denuncia por delito de desobediencia grave continuada y solicitó que desde el juzgado se adoptaran medidas cautelares para facilitar el desahucio y desalojo. No obstante, se desestimó la solicitud por considerar que al ser actos administrativos del concello y no resoluciones judiciales, debe ser el propio ayuntamiento quien solicite la ayuda de las fuerzas policiales que procedan para un posible desalojo.

Por su parte, la CIG denuncia que "con su alcaldesa a la cabeza, se está llevando a cabo una campaña de acoso y derribo contra la empresa que la gestiona, Carbatari Servicios Sociales Residenciales S.L.". De hecho, destaca que en la puerta de la misma está puesto un anuncio que dice "edificio clausurado", prohibiendo la entrada a toda persona por "riesgo inminente de catástrofe". Y "todo ésto con los ancianos dentro, con familiares visitando y personal trabajando con normalidad en su interior".

Asegura el sindicato que es una "guerra sin cuartel" en que los métodos usados por la alcaldesa, Teresa Barge, "bordean, cuando no penetran abiertamente, absolutamente la legalidad". Señala que los ancianos, sus familias y los trabajadores pasan a ser "las verdaderas víctimas de la actuación casi que violenta". Como ejemplo, que colocó en horario de día y noche a personas externas, totalmente ajenas al centro, o que pretendió que personal ajeno atendiese a los usuarios para darle la comida, moverlos y atenderlos en general, "con el riesgo que ello supondría mismo para la salud de los ancianos (los okupas desconocen las dietas de cada uno, si son o no diabéticos)".

Dice que se llama a familiares diciéndoles que tienen que sacarlos urgentemente del centro, y ofertándole una nueva residencia en Montederramo, o que publica a qué empresario le va a otorgar la futura concesión, que "curiosamente, al parecer, tiene también relación con la Residencia de Montederramo". Pero señala la CIG que la nueva estrategia es correr la voz de que el edificio está en condiciones ruinosas y los internos corren serio peligro cuando en realidad "acaba de pasar exitosamente las inspecciones de Sanidad y Trabajo, y los familiares manifiestan su gran satisfacción con la atención recibida, estando en la actualidad cubiertas las 24 plazas".

Por otra parte, señala que la actuación de la alcaldesa conculca el derecho de subrogación que el personal de la Residencia tiene reconocido por convenio colectivo, y denuncia que la Xunta mira para otro lado y no interviene. Ante todo ello, exige su inmediata intervención, por lo que va a solicitar una entrevista con su delegada en la provincia, y "nos reservamos el derecho de promover acciones legales de persistir esta actuación absolutamente irresponsable e inhumana de la alcaldesa".