El Concello deberá asumir los trabajos de demolición de una parte de la trasera de un edificio de la Avenida de Pontevedra si en el plazo de un mes no la llevan a cabo los propietarios. Así lo explicó ayer el regidor, en alusión a la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1, que requiere al Concello "dar los pasos necesarios para ejecutar la resolución que obliga a esa demolición, por incumplimiento de la legalidad urbanística.
Una controversia que desde hace más de 10 años mantienen dos empresas, y que al final se concluye con la orden de derribo de un espacio vertical de su parte trasera, con un exceso de 46 centímetros por un lado y 60 en el otro, y que deberán asumir los propietarios del inmueble. De no ser así lo debe hacer el Concello, que con posterioridad deberá repercutir su coste en los titulares. Por lo que exige al Concello que tramite un expediente para determinar la garantía que debe constituir, en metálico o con bienes inmuebles, para cubrir las posibles responsabilidades patrimoniales o realojos que se pudieran determinar más adelante, al margen del derribo.
El edil de Urbanismo, José Cudeiro, explica que ya se cuenta con un proyecto para el derribo, y se estima el coste en algo más de 400.000 euros.
