Los pinchazos telefónicos confirmaron la conexión del jefe antidroga con los dos grupos de traficantes con los que llega a programar la realización de compraventas e incluso a hablar sobre el precio de la mercancía. Siempre según la versión de la acusación, el inspector al mando del grupo de estupefacientes llegó a saber "hasta dónde se guardaba" la mercancía y a "aconsejar" sobre la forma de actuar en las recepciones de droga. En una ocasión recibió una llamada de la Pucha "descontenta con la calidad" de una partida de cocaína. Además, la cabecilla recibía consejos sobre como vender "sin riesgo" y evitar controles.
El jefe antidroga supuestamente también "planificaba" con esta acusada la "eliminación de competidores" mediante detenciones de personas que ella "designaba".
Para reforzar la protección sobre los narcos, la fiscal afirma que Antonio R.F. abrió una investigación "simulada" denominada "Compadre" para incluir el nombre de los dos cabecillas y los principales proveedores en la base de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal. Así, podía "detectar" investigaciones de otras unidades policiales contra estas personas y para avisarlas y protegerlas, sin intención, en ningún caso, "de realizar diligencias de investigación contra sus colaboradores". De esta operación, señala la fiscal, eran conocedores Felipe M. y Herminia Mercedes C..
También les facilitaban las cosas aportando datos de matrículas de vehículos policiales camuflados. En definitiva, recalca la Fiscalía, "no se trata de una mera colaboración con simples confidentes para obtener información útil", sino que va "un paso más allá" facilitando abiertamente la actividad ilícita y "frustrando" cualquier intento de investigación por parte de otros grupos policiales.
La operación concluyó a finales de 2015 con en la entrada y registro en las propiedades de los acusados y la incautación de más de 6 kilos de droga.
