La situación del edificio que albergó la antigua prisión provincial, en la calle Progreso, no cambiará a corto plazo en lo que se refiere a su recuperación y destino final, aunque por parte del gobierno municipal se mantiene como principal opción la que está vinculada al ámbito termal. Pero la realidad es que es evidente el abandono en que se encuentra, que llevó consigo varias actuaciones puntuales ante el riesgo de desprendimiento de algunos elementos de la fachada.
Y aunque en su momento se planteó convertir ese inmueble en un gran hotel balneario, en el que jugara un papel relevante la inversión privada, como así se había anunciado por parte del anterior gobierno socialista, la cuestión no está tan clara y toca esperar a que la Consellería de Industria finalice los trabajos relacionados con el aprovechamiento de aguas termales en ese espacio, que forma parte de la zona de Bien de Interés Cultural (BIC) de As Burgas.
Lo que se aclara por parte del área de Urbanismo, en cuanto a la consideración del suelo, es que se trata de un equipamiento, como así figura en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1986, que vuelve estar en vigor después de la anulación del de 2003 y posteriormente de la ordenación urbanística provisional.
Pero no fueron los únicos problemas que en materia de urbanismo tiene la ciudad, ya que también varias sentencias judiciales procedían a la anulación del Plan Especial de As Burgas, así como el proceso de expropiación de terrenos que se encuentran dentro del propio BIC, y al que se le está intentando dar una solución por parte del gobierno municipal.
Pero cualquier tipo de actuación que se pretenda realizar en el edificio de la antigua prisión provincial deberá contar con el informe de autorización de Patrimonio, para de esa forma poder acometer un proyecto de rehabilitación integral del edificio.
Inseguridad jurídica
Lo que se esgrime desde Urbanismo para justificar una situación que se prolonga en el tiempo no es otra que la "inseguridad jurídica" para poder acometer cualquier tipo de proyecto, y que está directamente relacionado con los problemas urbanísticos que tiene la ciudad. Es el principal problema que apuntan los inversores privados, como así se asegura desde el gobierno local después de que en los últimos años se realizasen diferentes intentos.
El interés que habían mostrado algunas empresas, tanto en el anterior como en el presente mandato, finalmente no se concretó por una situación urbanística que se fue complicado por las sucesivas sentencias judiciales, que no hicieron más que frenar cualquier tipo de actuación, la mayoría de ellas vinculadas al termalismo, sobre todo al anularse el Plan Especial de Protección de la zona de As Burgas. Y, sobre todo, a la espera de elaborar uno nuevo, en el que están trabajando los técnicos municipales.
