El cierre, con puerta de mando automático que hace diez años se construyó en la avenida de Marín, de A Ponte, en la llamada urbanización Castelao, se ha convertido en réplica del muro de Berlín, con vecinos separados por un muro, y portalón, cuya construcción encargaron unos, y cuya demolición llevan lustros pidiendo otros desde el mismo día en el que se le concedió licencia.
Ahora según explica el letrado de los denunciantes, presentan un contencioso en "nombre y representación de mi cliente, Eduardo Moure, quien lleva ya más de diez años luchando por la recuperación de este espacio público municipal situado en colindancia con la Avenida de Marín y los antiguos terrenos de Renfe.
En la demanda explica que esta superficie de terreno del Ayuntamiento ocupa 535 metros cuadrado es un vial que está plenamente urbanizado por el concello "desde hace décadas, concretamente desde su adquisición al Ministerio de Fomento, una vez que se produjo la desafectación de este suelo como consecuencia de la construcción de la nueva estación de ferrocarril".
Añade el letrado que este espacio "se destinaba a paso peatonal rodado y público y en el año 2008 las comunidades de propietarios de los edificios allí existentes solicitaron una licencia para cierre que le fue concedida por el antiguo gobierno popular, pero con la condición de que en ningún caso dicho cierre podría invadir espacios públicos". Advierten de que "el cierre ejecutado consiste en un muro que linda con la Avenida de Marín, en el que hay una puerta que se abre y cierra con un mando a distancia sin embargo, este cierre supone una usurpación de los terrenos municipales que fue denunciada a los pocos días de ser construido".
Según los denunciantes "los técnicos municipales comprobaron la invasión indudable del espacio público, y además, que con este cierre se restringe el acceso a la ciudadanía en general, convirtiendo lo que siempre había sido del uso común de los vecinos de la ciudad en un recinto privativo de los propietarios de los edificios allí situados".
En el relato de los hechos el letrado del denunciante explica que "se incoa expediente de reposición de legalidad en el año 2008 en el que se concluye la necesidad de proceder a la demolición del cierre ejecutado. y se incoa un expediente en el servicio de Patrimonio, en el que se concluye la necesidad de deslindar y amojonar el terreno municipal y proceder a la recuperación de su posesión".
Sin embargo, desde entonces "la inacción cómplice de los concejales de urbanismo que han ocupado el cargo han provocado la caducidad sucesiva de los expedientes que nunca llegan a resolverse debido a su paralización.
Así llegaron a incoarse cuatro expedientes sucesivos sobre el mismo objeto, todos los cuales fueron finalmente archivados por caducidad, a pesar de que en todos ellos los informes no deja duda alguna acerca de la ilegalidad urbanística cometida y del deber del Ayuntamiento de recuperar la posesión de este espacio pero afirman que la inacción les obliga por segunda vez a acudir al juzgado", indica el letrado de los denunciantes.
