Un cambio de planteamiento para dar respuesta a una "situación de excepcionalidad" y que pasa por no plantear como condición vinculante la dimisión de la edil de Bienestar Social, Sofía Godoy, para apoyar la modificación de crédito, como hizo el grupo socialista el año pasado, para hacer frente al "desfase económico" que superaba el millón de euros, y que finalmente sacaba adelante el gobierno popular con el apoyo de Democracia Ourensana al aceptar la contrapartida de una bajada del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en un 20% en 2018-2019.
Vázquez Barquero reconocía ayer que "pedir la dimisión de la concejala no arregla nada. Ya sabemos lo que da de sí". Y explicar que la sustitución de Godoy "llevaría consigo la misma gestión o peor", por lo que la única solución "es la fiscalización máxima y una auditoría permanente y la intervención de la ciudadanía en la gestión económica".
De ahí que la exigencia que plantean los socialistas para apoyar la modificación de crédito es "tener un conocimiento exacto de la situación económica de la concejalía, pues a día de hoy es una incógnita", por lo que reclama del gobierno popular que se faciliten las cuentas, el estado de gestión presupuestario y cómo se encuentra el pago de los convenios con colectivos sociales", dado que según sus datos siguen sin percibir las cantidades aprobadas.
Barquero plantea la "fiscalización plena de los grupos políticos y de los colectivos afectados", y que se debe producir antes de que el gobierno presente el expediente de modificación de crédito, ya que de lo contrario no prestarían su apoyo.
