El presunto violador de una joven y su familia, supuestos cómplices o cooperadores necesarios por no evitar ni el cautiverio ni las vejaciones ni las amenazas -seis personas en total del clan de Los Madriles-, van a juicio. El relato de la víctima da pavor: presuntamente, durante veinte días fue retenida contra su voluntad, violada en varias ocasiones por el principal acusado, forzada a robar y a drogarse, golpeada con objetos como un bastón tipo cachaba, e incluso a comer su vómito y a dormir sobre la orina. "Todo bajo coacciones y amenazas como 'te mato' o 'te arranco los ojos", subraya el juez. El caso queda cerrado con la conclusión del sumario, en un auto de fecha 31 de julio. El magistrado emplaza a la Fiscalía para que acuse y remite la causa a la Audiencia Provincial de Ourense, para que señale el juicio.
El juez de esta causa, el titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, ve indicios de un presunto delito contra la libertad sexual, en concurso con un delito de lesiones -tenía moratones en el cuerpo- y otro de detención ilegal. También de supuestas amenazas por parte del presunto violador y de su progenitora, la matriarca del clan, a la madre de la víctima.
El instructor considera que hay evidencias que sostienen la versión de la joven, que ve creíble. La defensa aprecia contradicciones en la versión de la joven y aportó grabaciones en vídeo de móvil en que se ve a la mujer con los investigados en buena sintonía. El magistrado no considera veraz la palabra del investigado, quien alegó que las relaciones fueron consentidas.
Según el auto de conclusión de sumario, Javier G. J., de 40 años y con múltiples antecedentes, en prisión preventiva desde su detención en enero en una espectacular redada de la Policía, presuntamente obligó a la víctima, el 4 de ese mes, "mediante coacciones y amenazas", a que alquilase una habitación en un hotel de la ciudad, en la calle Ervedelo.
Según la investigación, la forzó a mantener relaciones sexuales. Después, afirma el magistrado, "la tuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en su domicilio, y durante esos 20 días fue objeto de continuas amenazas y vejaciones, como hacerla comer el vómito o dormir sobre su orina". Presuntamente, Javier G. J. llegó a golpearla en todas las partes del cuerpo empleando objetos contundentes como la cachaba. Añade el instructor que la víctima "también fue obligada a mantener relaciones sexuales con Javier, a drogarse, a sacar dinero y a intervenir en distintos delitos contra la propiedad, todo ello bajo coacciones y amenazas tales como 'te mato' o 'te arranco los ojos".
En el mismo domicilio en el que la mujer estuvo supuestamente retenida, en las inmediaciones del cementerio de San Francisco, también vivían la matriarca, Ana J. B. y sus hijos José Luis alias Charly y Ángel G. J. En las proximidades hay otra vivienda en la que están el patriarca, Luis Manuel G. M. y un cuarto hermano, Alberto G. J., exnovio de la víctima. Asegura el juez Álvarez tras seis meses de instrucción que "todos eran perfectamente conocedores de la situación que estaba viviendo".
Al presunto violador y a su madre se les añade otro ilícito. Javier amenazó presuntamente a la progenitora de la víctima, "diciéndole que iba a ir a su casa si lo denunciaba a la Policía". Por su parte, la matriarca también amenazó a la mujer, cuando esta última se encontraba en la comisaría, "diciéndole que cuidado con lo que pasaba con su hijo Javier", relata el juez.
El clan culpaba al violador
El clan familiar, que irá a juicio por supuesta complicidad o cooperación necesaria, dijo al magistrado que vivían "atemorizados" y coaccionados por el presunto violador, al que culparon de darles golpes y de amenazarlos, incluso con una catana. "Es un bicho y un demonio", llegó a declarar su padre a la prensa en marzo. Los parientes no descartan que el principal acusado hubiera delinquido, aunque afirmaron que nunca lo vieron pegarla y que la joven iba a la tienda, sacaba la basura, entraba y salía cuando quería y disponía de libertad, aunque Javier ejercía el control.
