Venezuela dice a España "no" a la solicitud de extradición de Alberto Jesús López Rodríguez, un economista de esa nacionalidad al que un juez de Ourense reclama por un delito de malversación, después de que el verano pasado se fugara tras destaparse un presunto desfalco de 400.000 euros en las cuentas de una constructora de O Carballiño, de la que ejercía como administrador concursal. Además, López está imputado por el mismo magistrado en la causa de la ayuda a domicilio, en la que también son investigados su exsocio José Troncoso y la exconcejala de Benestar, Marga Martín (PSdeG).
Según un anuncio del boletín oficial, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara "improcedente" la petición de extradición de Alberto López, que en los últimos años desempeñaba en Galicia el cargo honorífico de cónsul de Costa de Marfil. La máxima corte del país sudamericano rechaza la entrega a España, cuya solicitud llegó el 21 de mayo a la Sala de Casación Penal, y asegura que juzgará allí a López "con las debidas garantías" por la causa del desfalco. El Supremo insta a la Fiscalía venezolana "para que solicite y recabe todas las actuaciones y cualquier elemento probatorio, para el esclarecimiento de los hechos" de la causa de malversación, que está en el juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, del magistrado Luis Doval, tras una querella del fiscal jefe, Florentino Delgado.
El anuncio del tribunal de Venezuela asegura que la corte "asume el firme compromiso ante el Reino de España" de que contra Alberto López "se le seguirá juicio penal en la República Bolivariana de Venezuela" por los hechos de Ourense, "con las debidas garantías".
En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Yanina Beatriz Karabin de Díaz, el Supremo ratifica la prisión preventiva para Alberto López, que fue detenido el 2 de abril en Caracas por la Interpol y permanece recluido en la sede de este último organismo en Parque Carabobo, en la capital, que pertenece al Estado de Miranda.
La medida de reclusión que ahora mantiene el Tribunal Supremo de Justicia Venezuela fue acordada tras el arresto -en cumplimiento de una orden de busca y captura internacional dictada en el mes de marzo- por el Juzgado 22º de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El contacto que López mantiene con el exterior es a través de su derecho a dos días de visita a la semana, miércoles y sábado.
La decisión de la justicia bolivariana ya se conoce en el juzgado de Instrucción 2 de Ourense. Cuando el magistrado regrese de vacaciones estudiará qué margen tiene. Por ahora no conoce al detalle los motivos en que se basa el Supremo de Venezuela para considerar "improcedente" la extradición a España.
La entrega e consideraba necesaria para que Alberto López rinda cuentas ante la justicia en los dos procedimientos en los que está investigado en Instrucción 2. El magistrado Luis Doval ordenó su busca y captura y decretó prisión para el momento en que fuera extraditado, por la supuesta malversación de cuentas de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño -puede enfrentarse a penas de 4 a 8 años de cárcel-, y para que además pueda ir a juicio por el caso de la ayuda a domicilio, en el que también están investigados su exsocio José Troncoso y la exedil de Benestar, Marga Martín (PSdeG).
El interrogatorio de López en el juicio de este último caso -con la instrucción cerrada ya- parece imprescindible para definir no solo su responsabilidad sino también la de los otros imputados, pues él ejercía la función de gerente de la empresa Troncoso Saludges, que gestionó el servicio básico de asistencia a mayores y dependientes en Ourense entre 2007 y 2011. Atribuye el magistrado en esta causa -a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos- presuntos delitos de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, o un delito de fraude y exacciones ilegales, más un delito de malversación de la que solo sería presunta responsable la exconcejala.
La fuga, hace un año
A Alberto López se le perdió la pista hace un año, cuando se vislumbraban acciones penales por el presunto desfalco como administrador concursal en la liquidación de Construcciones Otero. Un mes antes, en julio, había comparecido ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, e hizo las maletas antes de que el ministerio público formulase querella por la supuesta malversación de los 400.000 euros que desaparecieron.
El fiscal jefe presentó su denuncia el 16 de octubre. Recayó en Instrucción 2. Adelantaba unos hechos presuntamente delictivos que con penas posibles de hasta 12 años de cárcel. La justicia de Ourense pidió la busca y captura y su ingreso en prisión, y contactó con el Ministerio de Justicia para cursar la solicitud de extradición. Ahora se complica.
