La policía tuvo que dar un vuelco ayer a su papel habitual y en lugar de controlar el buen desarrollo de la manifestaciones se convirtieron en los propios protagonistas de la protesta en una concentración celebrada ante el nuevo edificio judicial para reclamar en ese caso, los impagos de nóminas que sufren desde febrero por parte de la Dirección General de Policía.

Se trata en su caso de unos ingresos que deben recibir por vigilancia de edificios judiciales, cuyo dinero es ingresado según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por la Xunta en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior, pero que los agentes no han recibido desde hace varios meses.

Según explicaron ayer por resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (B.O.E. núm. 259, de 30 de octubre de 2006), se hizo público el primer Convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia por el que se establecía y regulaba la participación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la misión de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en Galicia.

Los sucesivos convenios, con sus respectivas adendas, además de contemplar el número de efectivos necesarios, los horarios de los servicios, los puestos ocupados y el coste mensual, fijaron una determinada cantidad en concepto de productividad, así como un incentivo, por efectivo y mes, para los agentes que participaran, de manera efectiva, en el servicio de vigilancia durante el fin de semana en los edificios en los que existiesen juzgados o fiscalías sujetos al régimen de guardia de permanencia, indica SUP.

Pero "a pesar de que la Xunta de Galicia ingresa en el Tesoro Público, en tiempo y forma, tal como establece el convenio, la cuantía para remunerar las labores que prestan los policías adscritos a las UVEX, la Dirección General de la Policía, no abona sus nóminas desde el pasado mes de febrero, lo que representa un absoluto desprecio a unos funcionarios que superan los 60 años de edad y que finalizan su carrera profesional en este puesto de trabajo, tras muchos trienios de servicio y dedicación a la Seguridad Pública. Sin duda, esta no es la mejor forma de reconocerles su labor", señala el sindicato.

Además de esta grave incidencia, "que repercute directamente en la seguridad de los juzgados gallegos y que hace que muchos de estos policías nacionales, se estén planteando dejar de prestar este servicio, y pasar a la situación de jubilado, también queremos denunciar la falta de diligencia y previsión por parte de la DGP a la hora de convocar las vacantes que existen en las UVEX", señalan. El Catálogo de Puestos de Trabajo, "contempla un total de 81 efectivos a día de hoy solo hay cubiertos 46, les decir que hay un déficit del 44 por ciento, dicen.