La devastadora oleada de incendios de octubre de 2017 arrasó en el tercer fin de semana en la provincia un total de 22.623 hectáreas, casi la mitad de las 49.200 calcinadas en Galicia en 264 frentes (una superficie que equivaldría a cuatro ciudades como Vigo). La reparación completa de bienes e infraestructuras públicas dañadas hace casi un año -pistas, señales, canalizaciones, postes de la luz y cableado, muchos elementos ya repuestos por los municipios tras la catástrofe, aunque fuera mínimamente para garantizar el servicio básico- se ve dificultada por los plazos y problemas de financiación. La directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias, firmó ayer convenios con 18 concellos de Ourense para que sufraguen las obras. Pero la Xunta solo financia el 50 % del gasto justificado -un total de 660.000 euros es su parte en la provincia-, fiando el resto de la aportación a la Diputación, al Gobierno o al propio ayuntamiento.

Según fuentes consultadas, con la administración central -cuando aún gobernaba el PP -hubo conversaciones para garantizar ayudas a Galicia para compensar los daños de los incendios. En la reciente reunión entre los presidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el Gobierno, Pedro Sánchez, se abordó pero aún no se ha concretado la cooperación. La Xunta sostiene que en Ourense existe un compromiso de la Diputación, pero la administración provincial avisa: "Creo que habría serios problemas para poder cofinanciar este año porque ya se ha agotado el remanente a estas alturas del ejercicio", señala el portavoz del grupo de gobierno, Plácido Álvarez (PP), y alcalde de Muíños, uno de los concellos afectados, con unos desperfectos de 150.000 euros en las infraestructuras -desde elementos sépticos, a tuberías de abastecimiento, señales de rutas BTT o pistas forestales- por el incendio de octubre, de los que la Xunta asumiría 75.000.

El municipio más dañado fue Carballeda de Avia, donde las llamas quemaron el 75% de la superficie, el fuego entró en 9 aldeas y destruyó 14 casas de primera residencia y 8 de segunda -las ayudas a particulares van por otra línea-, además de kilómetros de alumbrado y canalizaciones. "La Xunta nos pagaría 350.000 de los 700.000 euros reconocidos. Nos obliga a buscar la financiación del otro 50% o asumirlo el concello. Yo con un presupuesto de 1,1 millones de euros no puedo poner 350.000. Desmoraliza, es un sinsentido", critica el alcalde Luis Milia (PSdeG).

A las dudas sobre la financiación o incapacidad para asumir la mitad de los concellos -que también demandan que los trabajos de urgencia que acometieron tras la catástrofe sean cubiertos por esta línea de ayudas-, se suma la complejidad de los plazos, máxime tras la nueva y más estricta ley de contratos. Para ejecutar las obras de restauración de infraestructuras dañadas en octubre solo hay margen hasta el 1 de noviembre, que podría prorrogarse a finales de mes. "A partir de 60.000 euros se exige un mayor control y con la nueva ley de contratos la tramitación es de 3 meses", subraya el alcalde de Carballeda de Avia.

Los trámites se eternizan. Tras los arreglos de urgencia costeadas entonces con fondos propios, o aplazadas "gracias a la solidaridad de empresas", destaca Milia, los ayuntamientos hicieron en noviembre el primer informe sobre los daños sufridos en bienes públicos. En febrero, los técnicos de la Xunta comprobaron los destrozos in situ. Las obras y su justificación, un año después.