Una magistrada estudia en Ourense si el vertido industrial que diezmó el río Barbaña en junio de 2009 (murieron 17.013 peces y 5,6 hectáreas del ecosistema resultaron afectadas) se salda con absolución o condena de dos encausados. En Verín, la juez de Instrucción 2 ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por los vertidos al río Támega. El último episodio grave ocurrió en Laza en mayo, tras el arrastre de una tromba al cauce de residuos de las obras del AVE.
La juez Raquel Arias actúa tras una denuncia de la CIG y recaba documentación a varios organismos, incluida la Confederación Hidrográfica del Duero (el organismo de la cuenca del Támega) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Según el criterio inicial de la instructora, los vertidos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de contra los recursos naturales y el medio ambiente". En un auto de 9 de julio, la juez acuerda las primeras diligencias para intentar averiguar culpables, porque a estas alturas "no están determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que han intervenido".
La juez pide al Adif que aporte el "listado de las empresas adjudicatarias de la obra de Alta Velocidad Ferroviaria que lleva a cabo los tramos que recorren el Ayuntamiento de Laza".
De entrada, la juez se enfoca, como planteó la CIG, en los años 2016, 2017 y 2018. Recaba a distingos organismos, también al Seprona de la Guardia Civil, los expedientes de vertidos provocados por las obras del AVE. La instructora también solicita a la Fiscalía Provincial de Ourense "la remisión de copia de las denuncias formuladas e instrucciones realizadas por la misma como consecuencia de los vertidos contaminantes realizados en el río Támega en los tres últimos años".
