Un vecino del municipio de San Cristovo de Cea se enfrenta a una petición de condena de 2 años y medio de prisión, por un presunto delito contra la ordenación del territorio que la Fiscalía le atribuye por construir supuestamente una casa en su aldea con una licencia de alpendre. La defensa alega que la obra del galpón comenzó antes de la ley de 1995 que penalizaba estas conductas, y que en 2015 solo se llevó a cabo un acabado exterior tras recibir un permiso del Concello de Cea.

El juicio comenzó ayer en el Penal Número 1 de Ourense y no quedará visto para sentencia hasta el 13 de septiembre. Ese día declaran un arquitecto, un obrero y el propio encausado, después de que su abogado solicitara su intervención en último lugar.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado pidió licencia para un alpendre destinado a guardar aperos y maquinaria de labranza en enero de 1988 y la recibió en junio de 1989. El ministerio público dice que, sin embargo, ejecutó una edificación con planta baja y dos alturas para uso residencial. Hasta el año 2015 solo se había ejecutado la estructura. El 29 de diciembre de 2014, el encausado pidió al Concello de Cea un permiso para revocado, pintado y cambio de carpintería exterior. El argumento de la Fiscalía es que el hombre "llevó a cabo la construcción de una edificación para uso residencial, a sabiendas de que carecía de la preceptiva licencia municipal, ya que la concedida en el año 1989 era para la construcción de un alpendre".

Tampoco contaba presuntamente con la autorización de la Xunta y la edificación se hizo en suelo rústico de protección ordinaria. Aunque en el escrito de acusación se manifiesta que la construcción no es legalizable ni susceptible de legalización, la defensa aclara que el Concello tiene en marcha un plan de delimitación del núcleo con el que se legalizaría la vivienda "solo con convertir la última planta en un bajo cubierta", dice el abogado, por lo que no sería necesario demoler, cuyo coste aproximado se estimó en más de 112.000 euros.

Los hechos llegaron a la vía penal después de la denuncia de un vecino del encausado. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) intervino.