La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con sede en Caracas, acogió ayer una audiencia oral -fijada a las diez y media de la mañana, hora local- para resolver la solicitud de extradición a España del economista Alberto Jesús López Rodríguez, fugado de la justicia el pasado verano tras destaparse un presunto desfalco de 400.000 euros en las cuentas de una constructora de O Carballiño de la que el economista ejercía como administrador concursal. Tras el trámite de ayer, según las fuentes consultadas, el tribunal venezolano decidirá en un plazo máximo de 15 días si entrega a López, que cuenta con dos causas abiertas en Ourense.

Desde que fue detenido por la Interpol en Venezuela, el 2 de abril, el economista a y cónsul honorario de Costa de Marfil permanece recluido en la sede de Interpol en Parque Carabobo, en Caracas, la capital venezolana que pertenece al Estado de Miranda.

Hace unas semanas, tras varias sin más noticias que la confirmación de los acuses de recibo, el Ministerio de Justicia confirmó al magistrado de Instrucción 2, Luis Doval -asume ambas investigaciones contra López y pidió su extradición y entrada en prisión- que había iniciado los trámites para la entrega del fugitivo, sin precisar la fase concreta del proceso.

El 21 de mayo, llegó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Superior de Justicia del país latinoamericano la "solicitud de extradición pasiva del ciudadano Alberto Jesús López Rodríguez, requerido por el Reino de España". La petición de entrega del investigado fue remitida por la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

El tercer profesional que lo asiste en el proceso contra la petición de extradición registró sus alegaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia del país latinoamericano. También remitió su documentación la fiscal del caso, que remitió dos diligencias, según una publicación de 29 de mayo de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En Ourense lo reclama con una orden de prisión el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, por la supuesta malversación de cuentas de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño -afrontaría penas de 4 a 8 años de cárcel- y para que además pueda ir a juicio por el caso de la ayuda a domicilio, en el que también están investigados su exsocio José Troncoso y la exconcejala de Benestar, Marga Martín (PSdeG).

A Alberto López se le perdió la pista hace casi un año, en agosto del año pasado. Un mes antes, en julio, el economista había comparecido ante el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. Sin esperar a que el ministerio público se querellase, el contable bajo la lupa judicial se marchó de España. El riesgo de fuga por el que la Fiscalía ya pidió la prisión en octubre pasado parece haber quedado demostrado. En todo caso, cuando sea extraditado, deberá celebrarse una comparecencia judicial en la que se decida si va a prisión preventiva.