Fue J. M. R. I., un trabajador de la casa, el que robó en el juzgado de Ourense, a principios de 2015, varias piezas de convicción (pruebas de procedimientos relacionadas con delitos, cuya desaparición reveló este periódico): numerosas joyas, móviles y relojes, incluidos los valorados en unos 10.000 euros del asesinado Tomás Milia, víctima de un crimen en 2013. En total, objetos por valor de casi 16.000 euros, de los que la mayoría fueron recuperados. Como operario de mantenimiento en el Palacio de Justicia -sede de todos los juzgados hasta la mudanza al edificio de O Couto, que coincidió con el robo de pruebas-, era un buen conocedor de los entresijos del inmueble: oficinas, salas, despachos y archivos. Con categoría de personal laboral de la Xunta, ejercía de chico para todo, era apreciado y respetado. Esta semana, más de tres años después de los hechos, después de una instrucción demorada por las tasaciones de todas las joyas y los objetos robados, pactó una condena con la que evita la cárcel. El acusado de un robo que, hasta su resolución, llenó de sospecha y desconfianza el juzgado ourensano, acepta 2 años de prisión -sin efectos en la práctica si paga la responsabilidad civil- y, además, una inhabilitación durante ese tiempo para "empleo o cargo público relacionado con la custodia o vigilancia de cualquier tipo de efectos".
El extrabajador, su defensa, la abogada de la acusación particular y la fiscal acudieron a una comparecencia celebrada el miércoles de esta semana en la oficina del juzgado de Instrucción 2. Una resolución del caso ante la confesión de los hechos que el acusado hizo desde su detención, y que evitó llegar al juzgado de lo Penal, donde el juicio sería en acto público.
El magistrado Luis Doval dictó una sentencia oral que condena a J. M. R. I. como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Se establece como responsabilidad civil el pago de 600 euros, que deberá abonar a la letrada de la administración de justicia de la Audiencia Provincial -150 euros- y a la del juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense -450 euros-, que es el valor de los objetos sustraídos que no se recuperaron. Muchos los localizó la UDEV de la Policía, cuando tras comprobar que había vendido algunos efectos detuvieron al extrabajador, este confesó y los llevó al lugar donde los almacenaba. Tras la sentencia, se entregarán definitivamente a los propietarios.
La condena de conformidad es firme, después de que todas las partes expresaran en el acto judicial que no van a recurrir. La fiscal se mostró a favor de que se suspenda la pena de 2 años de prisión, siempre que el acusado pague la responsabilidad civil. La defensa se comprometió al abono. Pidió un pago fraccionado en seis mensualidades de 100 euros cada una.
Como trabajador de mantenimiento, J. M. R. I. tenía acceso a todas las dependencias porque las llaves de los distintos despachos estaban en un local de la planta baja que él utilizaba. Aprovechándose de esa ventaja robó joyas, móviles y otros objetos en horario no laboral.
En un día que no fue concretado, pero anterior al 10 de marzo de 2015 -fue detenido y puesto en libertad provisional el día 6-, el trabajador del juzgado entró usando la llave en el archivo de piezas del juzgado de Instrucción Número 3. Se apoderó de un móvil iPhone, otro Huawei, un portátil de marca Apple más dos tarjetas SIM de teléfono. Eran pruebas de una causa penal del año 2014. Todos estos objetos fueron recuperados.
Tal y como se considera probado, el operario de mantenimiento también se apropió de cinco relojes, un teléfono Samsung, el envase y la funda de un iPod -piezas de convicción de una ejecución de sentencia del año 2015, del juzgado de lo Penal 2-, así como de otros 5 relojes. Solo se recuperó el móvil, ascendiendo a 450 euros el valor del resto de los efectos citados.
Vendió joyas de una fallecida
El extrabajador del juzgado también admite su responsabilidad en la desaparición de objetos durante el mes de febrero de 2015. Utilizando una llave a la que tenía acceso, J. M. R. I. entró en el despacho de la letrada de administración de justicia de Instrucción 1. Allí se apropió de otra llave de la caja fuerte que la secretaria guardaba en un cajón de su escritorio. Con ella abrió la caja de caudales y se apoderó de una cadena con medalla y de una sortija que se encontraban en el interior de un sobre, y que pertenecían a una mujer fallecida y eran pruebas de unas diligencias penales del año 2014. El acusado vendió estos objetos en una joyería de la calle Ervedelo, pero la Policía Nacional consiguió recuperarlos.
También en febrero de 2015, entre los días 1 y 8 del mes, utilizó de nuevo las llaves a las que tenía acceso para entrar en el despacho de la letrada de la administración de justicia de la sección Segunda de la Audiencia Provincial. Cogiendo las llaves de la caja fuerte que la secretaria tenía en un cajón de su escritorio, abrió la misma y se apoderó de la colección de relojes que pertenecían a Tomás Milia Méndez, víctima de un crimen en octubre de 2013 -su homicida, Alexandru Marius Luca fue condenado a 19 años en abril de 2017-.
Además de los relojes, valorados en 10.000 euros, el operario cogió una pulsera, un anillo dorado con una piedra blanca, un colgante con la cara de Cristo, dos anillos dorados de una causa de 2007 de Instrucción Número 3, así como una cadena dorada, una cadena con crucifijo, esclava con inscripción, un colgante dorado con rostro de mujer, una pulsera con piedras rojas, una cadena con tres colgantes con nombres, un broche de flores, una gargantilla con tres piedras blancas, un colgante con una mujer y un caballo, un sello dorado con piedras, una sortija con piedras negras, una sortija con piedra roja, tres sortijas más, un colgante con forma de herradura, y hasta un puente dental que formaba parte de una causa de 2008 de Ribadavia. Los relojes de Milia y varias joyas fueron recuperadas en el registro posterior a la detención. La cadena con crucifijo la llevaba el acusado al cuello el 7 de marzo, cuando lo arrestaron. El resto de alhajas perdidas fueron valoradas en los 150 euros que ahora debe asumir el acusado.
J. M. R. I. se apoderó de otras joyas, billetes y teléfonos que fue escondiendo, en cajas y bolsas de plástico, en un habitáculo utilizado por él en el archivo general, en el sótano del palacio de justicia. El valor total de las piezas de convicción que cogió el extrabajador de mantenimiento ascendía a 15.991,75 euros. Fue detenido el 6 de marzo de 2015 cuando llegaba a trabajar, confesó a los agentes, los guio al escondite de los objetos y también reconoció su implicación ante la juez de guardia, que lo dejó en libertad con una orden de alejamiento de los dos edificios judiciales. Alegó que pasaba por problemas económicos.
