El juez que ha situado al borde de juicio a 4 policías antidroga, por proteger presuntamente a una red de 10 traficantes que les daban información, va de la mano de la Fiscalía y de la Unidad de Asuntos Internos. La jueza que sospecha de que la muerte en comisaría de Celso B. A., en abril de 2016, fue un homicidio por el que están imputados los gemelos Roi y Bernardo D. L., tiene a la UDEV de Ourense como investigadores de su confianza. Esta disparidad de criterios entre los magistrados Leonardo Álvarez y Eva Armesto, con la Fiscalía alineada con el criterio del primero, marca las dos causas principales sobre la trama de la Policía Nacional. Varias defensas de los investigados en la Zamburiña pidieron, sin éxito, la nulidad haciendo hincapié en el anónimo que en noviembre de 2014 puso en alerta a Asuntos Internos. El juez defiende en varias resoluciones la labor de la unidad y niega importancia a dicho escrito en el resultado de una causa contra el narcotráfico, que califica como "la que probablemente sea la operación antidroga más efectiva realizada en esta ciudad en muchísimos años". Se incautaron 8 kilos de cocaína. La principal traficante, Josefa P. G., alias Pucha, que confesó e incriminó a otros, tenía en sus propiedades 5,2 kilos de cocaína y 540 gramos de heroína.

Es una consideración que el juez Álvarez expone en un nuevo auto en el que descarta prolongar la instrucción de la Zamburiña, que da por cerrada con 14 investigados a un paso de juicio y la atribución de delitos contra la salud pública, revelación de secretos, omisión del deber, tenencia de armas y pertenencia a grupo criminal -este último delito, solo a los traficantes-. En esa resolución, el magistrado carga contra uno de los abogados defensores, de un modo poco habitual, para poner en valor la operación del Grupo VI de Asuntos Internos.

Grupo "merecedor de elogios"

Los escritos planteados por la defensa de J. R. R. R., alias Tronquito, uno de los presuntos traficantes, que pedía imputar al jefe de la unidad investigadora por un delito de omisión del deber, acusándolo de ocultar pruebas y de engañar al juez y la Fiscalía, "empiezan a rayar la conducta delictiva", avisa Leonardo Álvarez. El magistrado sostiene que los informes del inspector responsable de la investigación "han sido claros, exhaustivos y perfectamente motivados (...) Todas y cada una de las sospechas que fue apuntando con sus investigaciones se han visto, en gran parte, confirmadas (...) Han actuado con absoluta objetividad, imparcialidad, profesionalidad y eficacia, y siempre contando con el respaldo que les ha ofrecido este instructor y el Ministerio Fiscal, garante de la legalidad". El juez insta a letrado a "tener más cuidado con sus afirmaciones y guardar el respeto debido tanto al tribunal como a los agentes instructores".

Se explaya el juez en la defensa del agente de la unidad secreta del cuerpo: "Bajo ninguna circunstancia procede apartar al inspector responsable de la investigación que sirvió de base a la presente instrucción, porque su trabajo ha sido absolutamente intachable, objetivo y merecedor de elogios, y ello con independencia de que el resultado de sus investigaciones le guste o no" al abogado discrepante.

Leonardo Álvarez niega "el más mínimo atisbo de conducta delictiva" por parte del inspector En su amonestación al abogado, el juez le recuerda que el cauce si cree que el investigador cometió delito es presentar una querella o una denuncia en el juzgado de guardia o la comisaría de Policía. El juez advierte: "Es la última vez que se les va a permitir un escrito redactado en semejantes términos. Una cosa es cuestionar un informe presentado por los agentes del orden y tratar de refutarlo con pruebas presentadas de contrario, y otra muy distinta acusar a los autores del informe de la comisión de un delito, de ocultar pruebas y de engañar al instructor, lo cual excede en mucho del ejercicio del derecho a la defensa (...) No se puede tolerar que en el ejercicio del derecho de defensa se descalifique en la forma en que lo viene haciendo de forma continuada".

No admite citar a los gemelos

El magistrado rechaza practicar más pruebas -algo que las defensas también pueden recurrir-, da por finaliza la Zamburiña y considera que los indicios -relata 15 en el auto que acerca a juicio a los policías y traficantes- "son más que suficientes para poder formular el escrito de acusación". La defensa, que junto a otros letrados muy probablemente recurrirá el auto de procedimiento abreviado -pueden acudir al propio magistrado o a la Audiencia-, proponía más pruebas, pedía investigar al jefe de la investigación de Asuntos Internos así como citar en calidad de testigos a una serie de policías de la comisaría, entre los que se encontraban el secretario general -exculpado por el juez Álvarez en la causa ya archivada del robo de armas-, y los gemelos Roi y Bernardo, de los que la jueza sospecha por la muerte de Celso. Ante la importancia que las defensas dan a los anónimos, el juez sostiene que "quien haya enviado los anónimos, la finalidad con la que dichos anónimos haya sido enviada y los efectos colaterales que puedan haberse derivado de tales anónimos no guardan la más mínima relación" con la operación Zamburiña.