La Fiscalía no se opuso a la petición de la defensa de que se revocasen las medidas cautelares a los policías gemelos Roi y Bernardo D. L., investigados por la jueza Eva Armesto por la muerte en comisaría de su compañero Celso B. A., quien falleció de un disparo en un despacho el 9 de abril de 2016. En el arma de la que salió el tiro -una de las robadas en el búnker policial- había ADN que no pertenecía al agente pero tampoco a los hermanos, tal y como descartó un informe de cálculo de probabilidades. Además, la búsqueda de sangre humana en una funda de trabajo y en varias muestras del coche de los gemelos dio negativo. El abogado, Neil González, pidió a la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, que levantase a sus defendidos la obligación de comparecer cada día, como deben hacer desde el 23 de enero, sea lunes, domingo o festivo. Asimismo, solicitó la devolución de las fianzas, de 60.000 euros a cada uno (pusieron pisos como garantía). Con un criterio contrario al de la Fiscalía, como es la tónica en este proceso, la jueza Eva Armesto rechaza la petición.

En un auto de fecha 5 de junio, notificado ayer a las partes, la instructora reproduce varios de los indicios que mantiene contra los gemelos desde que ordenó su detención, el 19 de enero, y los registros, que hace unos días la Audiencia Provincial calificó como ajustados a derecho. La teoría de la jueza, que también se ha negado en una providencia de 5 junio a devolver a los investigados el coche captado por las cámaras de comisaría el día del fallecimiento, es que los hermanos presuntamente mataron a Celso para encubrir el robo de las armas y los anónimos en el que supuestamente participaron los tres compañeros y amigos, según la investigación de la UDEV de la comisaría.

Tres informes ven suicidio

Lejos de la opinión de la magistrada de Instrucción 3, la Fiscalía no tiene claro que la muerte de Celso haya sido un crimen. En un reciente informe presentado en la otra causa principal sobre la comisaría, la que se sigue contra policías antidroga y traficantes, conocida como la Zamburiña, la fiscal subraya que "aún no se ha determinado la naturaleza criminal o no de la muerte, al existir tres informes provenientes de organismos oficiales diferentes que no descartan el suicidio como causa del fallecimiento".