El juez que mantiene imputados a 12 traficantes y 4 policías de la anterior unidad antidroga de Ourense, por una supuesta permisividad a sus confidentes, defiende la causa Zamburiña frente a las peticiones de nulidad de dos de los agentes. "En ninguna ilegalidad se ha incurrido a lo largo de la presente instrucción". La defensa de esos funcionarios, a la que se adhirieron el exjefe antidroga, el cuarto compañero imputado, y dos presuntos traficantes -incluida la principal, Josefa P. G., que cayó con más de 6 kilos de droga-, solicitaron la anulación del caso por la teoría del árbol envenenado, al considerar que el origen estaba viciado por la nota anónima que llegó a Asuntos Internos en 2014. Los pinchazos de teléfonos de policías que propuso la unidad "estaban amparadas por la legislación vigente, lo que lleva a concluir que ninguna ilegalidad se ha cometido", dice el magistrado de Instrucción Número 1, Leonardo Álvarez. La Fiscalía, que va de la mano, se expresó en contra de la petición.
En el auto notificado ayer a las partes, que ya es firme porque no cabe recurso, el instructor vuelve a defender la labor de Asuntos Internos, el equipo de investigadores al que confió las indagaciones de la Zamburiña. En contraste con la crítica que desde la comisaría se hace a esta unidad, y mientras en Instrucción 3 la jueza Eva Armesto deposita en la UDEV de Ourense el peso de las averiguaciones sobre el presunto homicidio de un agente, por el que mantiene investigados a los inspectores gemelos Roi y Bernardo D. L., el magistrado Álvarez sostiene que sus resoluciones en la causa "fueron dictadas en base a informes minuciosos y perfectamente justificados emitidos por Asuntos Internos".
Desgrana uno de 5 de marzo de 2015, "que sirvió como pistoletazo de salida al grueso de la presente instrucción", 4 meses después de que el anónimo sobre una supuesta mafia policial llegara a Asuntos Internos y 8 meses antes de que estallara la Zamburiña con la imputación de policías y presuntos traficantes. "El referido informe enumera una serie de hechos sospechosos que justifica debidamente, a través de una copiosa labor de investigación, hechos que son los que justificaron la adopción de las primeras intervenciones telefónicas".
Crítica a comisaría por las armas
Cuando los investigadores solicitaron al juez los pinchazos, "en ningún momento argumentan como motivo el contenido del anónimo recibido en dicha unidad, sino que motivan dicha petición únicamente en el resultado de las gestiones por ellos realizadas. Lo mismo se hace en el primer auto acordando las primeras intervenciones telefónicas, resolución que en ningún caso se fundamenta en el contenido del anónimo", dice el titular de Instrucción 1.
La causa partió de la desaparición de seis armas del interior del búnker de la comisaría, de cuya falta hubo constancia el 18 de agosto de 2014 y el 18 de febrero de 2015, "sin que por parte de la comisaría de Ourense se realizase una investigación exhaustiva sobre cómo podían haber desaparecido y sobre quién pudo haber sido el responsable". El juez vuelve a cuestionar la custodia de las pistolas, como ya había hecho en el auto con el que archivó la causa separada sobre el robo. Tres aparecieron en el despacho donde murió el agente Celso B. A. de un tiro, el 9 de abril de 2016.
"Aun dando por buena", enlaza el magistrado, la teoría que plantean las defensas y comparten la UDEV y la jueza Eva Armesto, sobre que el anónimo inicial fue elaborado por los responsables de la sustracción de las armas con un ánimo de perjudicar a otros agentes, "esto en nada afecta a la presente instrucción puesto que la unidad de asuntos internos se limitó a constatar la veracidad de los hechos denunciados en el anónimo recibido, y la solicitud de diligencias la hizo con base al resultado de sus pesquisas y no al contenido del referido anónimo. Esto se hace extensivo a todas y cada una de las intervenciones telefónicas acordadas. De hecho -continúa -, en ninguno de los autos en los que se acuerda una intervención telefónica se toma como argumento el contenido del anónimo".
Pese a que la UDEV y el exjefe antidroga sostienen que las consultas en base de datos a su nombre fueron efectuadas por terceros que usaron sus claves, para poder dar base así al anónimo, el juez da por bueno que, durante el año 2014, el inspector Antonio R. F. "de un total de 19 consultas por número de DNI, 13 corresponden a funcionarios de policía en activo y destinados todos en los grupos de investigación de tráfico de drogas y de UDEV de la comisaría de Ourense, lo cual obviamente carece de sentido desde un punto de vista laboral". Asuntos Internos también aludió a consultas "sobre matrículas de coches oficiales" a través de otra aplicación policial, "llegando a recopilar información sobre datos de filiación, domicilios y vehículos de 10 funcionarios que pertenecen a grupos de investigación de Ourense", refleja el instructor en el auto de ayer.
Investigaciones "extrañas"
Asuntos Internos examinó una serie de atestados del anterior grupo antidroga que llamaron su atención. El magistrado cita cuatro investigaciones "concluidas con éxito por un grupo encabezado por el investigado Antonio R., todos ellos que merecen la calificación "de extraños" puesto que a pesar de concluir con éxito, en ninguno se puede observar la más mínima labor de investigación por parte de los agentes (...), lo que lleva a este instructor a pesar que, a menos que el inspector Antonio disponga de una bolita mágica, parece que tiene relaciones con gente relacionada con el tráfico de estupefacientes de la ciudad de Ourense de la que obtiene información relacionada con el tráfico de estupefacientes".
Entre estos atestados "extraños" se encuentra el de una investigación de 2014 en el que los policías "manifiestan haber observado la actuación delictiva denunciada a través de la ventana de un inmueble situado en un décimo piso". En mayo de 2016, el Tribunal Supremo anuló una condena a 4 y 3 años de cárcel, dictada contra dos acusados por estos hechos. El alto tribunal declaró ilegal que la Policía hubiera vigilado con prismáticos a los sospechosos sin permiso del juez, desde un piso situado justo enfrente (de uno de los agentes).
La operación policial fue en febrero de 2014. Antonio aún coordinaba el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Otro indicio que apunta el magistrado es "el extraño proceder del inspector Antonio, al utilizar en las operaciones policiales que llevaba a cabo a agentes no vinculados a la unidad de estupefacientes y que incluso en algunas ocasiones no se encontraban de servicio".
