13 de junio de 2018
13.06.2018

La treintena de letrados judiciales de Ourense se une a la reivindicación del colectivo de reformas y más salario

Reclaman la implantación del expediente digital, el nuevo modelo de oficina y la integración informática

12.06.2018 | 22:44
Los letrados de justicia de Ourense se concentraron ayer. // E. Sarmiento

Tres de las cuatro asociaciones de letrados de la administración de justicia apoyan una reivindicación del colectivo que se mantiene pese al cambio de Gobierno, para que la nueva ministra, Dolores Delgado -fiscal de la Audiencia Nacional-, coja el testigo y negocie. En la provincia de Ourense hay 32 profesionales, 21 de los cuales ejercen en el partido judicial de la ciudad. Los letrados judiciales se concentraron a las puertas del juzgado de la capital, en O Couto. El próximo martes repetirán la comparecencia, aunque frente al Palacio de Justicia de la plaza Concepción Arenal.

Según expresó ayer el letrado del Social 3 de Ourense, José Luis Roig, que es el delegado en Galicia del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia -la asociación mayoritaria-, las demandas de la carrera pasan por reactivar el desarrollo de la oficina judicial, la implantación del expediente digital para que el papel deje de acumularse en los tribunales, o que el Registro Civil se encomiende a estos profesionales.

Los letrados emplazan al Gobierno a que cree, en un plazo de cuatro años, 1.000 plazas a nivel nacional, para cubrir las vacantes y evitar las sustituciones que sobrecargan a algunos profesionales.

Además, los secretarios reclaman una mejora salarial. "Se nos han otorgado muchas competencias desde el año 2003, pero no se nos ha reconocido económicamente. También queremos un decreto de sustituciones para quien las haga las cobre adecuadamente", expone José Luis Roig.

Nueve sistemas informáticos

La demanda de reformas de calado en el sistema incluye una reivindicación que también suscriben otros cuerpos, como jueces y fiscales. "Hay nueve sistemas informáticos distintos en toda España, que son incompatibles, lo que es un problema por ejemplo a la hora de hacer la estadística. El Consejo General del Poder Judicial nos pide unos datos que un sistema facilita y otros no. Casi tenemos que hacer la estadística a palotes", subraya.

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