Dos de los cuatro policías de la anterior brigada antidroga de Ourense, investigados por un supuesto trato de favor a confidentes en la conocida como operación Zamburiña -hay 12 presuntos traficantes imputados, la principal Josefa P. G.-, quieren que la causa se anule en aplicación de lo que en el argot del derecho se denomina la teoría del árbol envenenado. Otras partes se están adhiriendo a una versión que defiende que la primera escucha de los teléfonos se llevó a cabo a partir de un anónimo falso y por una "ocultación y manipulación de datos" de Asuntos Internos para conseguir que el juez instructor, Leonardo Álvarez, diera luz verde, por lo que todas la pruebas obtenidas -incluidos los kilos de droga incautados a los traficantes- no pueden ser tenidas en cuenta.

El magistrado defiende su caso, que partió del robo de armas en la comisaría y que acabó separando en dos. El primero lo archivó provisionalmente. Además, hace unos días, negó remitir las diligencias sobre la sustracción ocurrida del búnker a la jueza que atribuye la muerte del agente Celso B. A., registrada en abril de 2016, a los inspectores gemelos, Bernardo y Roi D. L. La jueza Eva Armesto, apoyada en un atestado de la UDEV de la comisaría, considera que los hermanos mataron presuntamente a su compañero para encubrir su implicación junto a él en el robo de pistolas y los anónimos.

La huelga de funcionarios de justicia mantuvo paralizado las comunicaciones de escritos. Por eso se explica que el juzgado de Instrucción 1 notifique a las partes ahora un auto fechado en febrero, cuando se inició el paro de los trabajadores. En una de esas resoluciones que no se habían comunicado a las defensas, el juez Leonardo Álvarez deja claro que cree en su causa.

En respuesta a un escrito de uno de los presuntos traficantes, en el que se pedía imputar a los autores de los anónimos que empezaron a gestar la trama de la comisaría en noviembre de 2014 -un escrito sin nombre apuntaba una mafia policial-, el magistrado recuerda que, ya en marzo de 2017, expresó que tras el informe final de Asuntos Internos valoraría si procedía esa línea. Pero, sobre todo, Leonardo Álvarez expone que la operación Zamburiña, al contrario de lo que propugnan las defensas, "no guarda relación con el anónimo en su día recibido por la Unidad de Asuntos Internos. En las presentes diligencias previas se investiga un delito contra la salud pública, en concreto el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína, y la existencia de agentes pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía que pueden estar favoreciendo dicha actuación ilícita, no cualquier ilícito que se pueda imputar a los autores de un anónimo en su día recibido por Asuntos Internos".

El juez tiene el respaldo de la fiscal. La representante del ministerio público ha informado en contra del incidente de nulidad de la causa presentado por dos de los exintegrantes del grupo antidroga, "al no haberse violentado durante el proceso derechos ni libertades fundamentales, además de ser una cuestión ya formulada anteriormente y resuelta por otra resolución de la Audiencia Provincial", esgrime la fiscal. El tribunal desestimó en mayo de 2016 una petición previa de nulidad, porque los pinchazos no se basaron en el anónimo sino en un oficio de Asuntos Internos presentado 4 meses después, incide la fiscal, quien además ve puntos ciertos en el anónimo. Sobre las alusiones de las partes a la causa sobre la muerte de un agente, en la que la UDEV y la jueza de Instrucción 3 señala como autores del anónimo a los gemelos, el ministerio público sostiene que "lo que se está investigando es una presunta trama de corrupción entre agentes de la Policía y personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, junto con otra serie de delitos que guardan relación con estos últimos, pero que nada tienen que ver con los hechos investigados en el juzgado de Instrucción 3".