Faro de Vigo

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Gobierno confirma al juez que pidió a Venezuela la extradición del economista fugado tras un desfalco

El Ministerio de Justicia comunica el trámite al instructor que reclama a Alberto López y lo investiga en dos causas distintas

Alberto López, economista investigado en dos causas por delitos económicos. // Iñaki Osorio

La historia de la fuga a Venezuela del economista imputado en dos causas judiciales en Ourense se acerca a su final. Tras varias semanas sin más respuesta que la confirmación del acuse de recibio de sus oficios, el Ministerio de Justicia ha comunicado al magistrado Luis Doval -asume ambas investigaciones y pidió la extradición y entrada en prisión del fugitivo Alberto Jesús López Rodríguez- que ha iniciado los trámites para la entrega del fugitivo, sin precisar el estado actual del proceso.

Este periódico ya informó hace unos días de que la gestión avanzaba. El 21 de mayo, llegó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Superior de Justicia del país latinoamericano la "solicitud de extradición pasiva del ciudadano Alberto Jesús López Rodríguez, requerido por el Reino de España". La petición de entrega del investigado a nuestro país fue remitida, vía correspondencia, en el oficio número 5047, por la Dirección General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, "mediante el cual remite la documentación judicial que sustenta la solicitud formal de extradición". Así se publicó el pasado 23 de mayo.

"Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia tiene las pruebas, que suponen la ratificación de la solicitud, faltaría una audiencia oral antes de que finalmente lo extraditen de Venezuela a España para que rinda cuentas" , relataba un familiar de Alberto López en conversación con este periódico. Este pariente ya había advertido de los intentos del investigado de escudarse en su título honorario de cónsul de Costa de Marfil para Galicia para, supuestamente, intentar quedar libre, "obtener alguna inmunidad" y eludir la orden de entrega a España.

Este familiar, que ya informó de la situación a la embajada de Costa de Marfil en Madrid, urge que el título diplomático del economista sea revocado. Las advertencias telefónicas también llegaron al juzgado de Ourense. Un pariente habló con la letrada de la administración de justicia -secretaria-, se identificó y alertó de que el fugado presuntamente estaba moviendo hilos en Venezuela para intentar quedar en libertad.

Con esta tormenta judicial que ha implicado a nivel diplomático a España y Venezuela -el tratado de extradición firmado entre España y la República de Venezuela recoge que los interlocutores de la negociación son las autoridades políticas y no las judiciales, a diferencia de lo que ocurre entre los países miembros de la Unión Europea- el contacto que Alberto López mantiene con el exterior es a través de su derecho a dos días de visita a la semana, miércoles y sábado.

En Ourense lo reclama con una orden de prisión el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, por la supuesta malversación de cuentas de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño -afrontaría penas de 4 a 8 años de cárcel- y para que además pueda ir a juicio por el caso de la ayuda a domicilio, en el que también están investigados su exsocio José Troncoso y la exedil de Benestar, Marga Martín (PSdeG).

La extradición, que a estas alturas parece mucho más factible que hace unas semanas, cuando en el juzgado de Ourense había cierto escepticismo sobre la resolución, permitiría que Alberto López rinda cuentas ante la justicia en esos dos procedimientos en los que está investigado. Su interrogatorio es importante para definir no solo su responsabilidad en el caso de la ayuda a domicilio, sino también la de los otros imputados, Martín y Troncoso, pues él ejercía presuntamente la función de gerente de la empresa Troncoso Saludges, que gestionó el servicio básico de asistencia a mayores y dependientes entre los años 2007 y 2011.

A Alberto López se le perdió la pista en agosto cuando se cernían acciones penales contra él por una presunta malversación de caudales públicos en su cargo de administrador concursal en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño. Un mes antes, en julio, el economista había comparecido ante el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, y sin esperar a que el ministerio público formulase la correspondiente querella criminal por la supuesta malversación de 400.000 euros que desaparecieron de la cuenta concursal que le había sido asignada, hizo las maletas.

La querella del Ministerio Público se presentó el 16 de octubre de 2017 y recayó en el juzgado de Instrucción 2 de la ciudad. La denuncia adelantaba unos hechos presuntamente delictivos que contemplaban penas posibles de hasta 12 años de prisión. Ante el posible riesgo de fuga del administrador concursal -un temor que se materializó-, el fiscal jefe, Florentino Delgado, ya solicitaba entonces una orden de búsqueda y detención, y anunciaba su intención de pedir prisión provisional.

Compartir el artículo

stats