Roi D. L., uno de los gemelos investigados por la muerte de su compañero Celso en la comisaría de Ourense el 9 de abril de 2016, tiene 3 días desde este lunes para tomar posesión de la plaza que ganó en un concurso de méritos: la jefatura del grupo operativo de la Policía Científica. Pero Roi no se pondrá al frente de una de las 5 brigadas de la comisaría de Ourense, porque está suspendido provisionalmente desde que fue detenido, a la vez que su hermano Bernardo, el 19 de enero. Tampoco perderá la plaza. Le queda reservada por si sale absuelto del frente judicial y también del expediente administrativo que tramite la Policía, una vía paralizada mientras no se resuelva la causa penal. La suspensión provisional no impide a un agente optar a plazas.

En la causa en la que los gemelos permanecen investigados declararán cuatro policías en calidad de testigos porque la juez quiere averiguar si les usurparon las claves de acceso a bases de datos para fundamentar presuntamente el anónimo que llegó a Asuntos Internos en noviembre de 2014, apuntando a una trama de corrupción policial.

La magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, sigue indagando si la muerte de un disparo de Celso en comisaría fue un crimen. Ha solicitado una estadística sobre cuántos suicidios se pueden producir en los que la recámara del arma utilizada quede abierta. En el caso de Celso, la pistola de la que salió el tiro fatal -una HK USP compact, de las robadas del búnker- estaba así, sin cargador y con la recámara abierta.

Un primer informe, de agosto de 2017, de la Brigada de Delitos contra las Personas de la Comisaría General de la Policía Judicial -descartado por la instructora; la Fiscalía recurrió- apuntaba al suicidio, concluyendo que la recámara podría quedar abierta durante un empuñamiento forzado del arma para un suicidio. El abogado de Roi y Bernardo solicitó aclarar si un arma puede terminar en ese estado tras un empuñamiento a dos manos de un suicida para asegurar el tiro.

El exjefe antidroga, citado

Por otra parte, el magistrado de la Zamburiña, Leonardo Álvarez, ha citado a declarar como investigados, de nuevo, al exjefe antidroga Antonio R. F. y a Felipe M. A., otro exagente de la unidad, imputados junto a otros dos excompañeros por supuesto trato de favor a confidentes. Comparecen 2 años y medio después de su detención porque parte de su interrogatorio -hacia el final- no se oye en la grabación. Antonio, además, es uno de los testigos por el uso de la claves personales.