Alberto Jesús López Rodríguez, fugado de la justicia española tras un desfalco de 400.000 euros que desaparecieron de la cuenta de una constructora de O Carballiño de la que era administrador concursal, permanece detenido desde abril en la sede de la Interpol en Parque Carabobo, en Caracas (Venezuela). En Ourense lo reclama con una orden de prisión el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, por esa supuesta malversación de cuentas -afrontaría penas de 4 a 8 años de cárcel- y para que pueda ir a juicio por el caso de la ayuda a domicilio, en el que también están investigados su exsocio José Troncoso y la exedil de Benestar, Marga Martín (PSdeG). Además de economista y administrador consursal, Alberto López es el cónsul honorario de Costa de Marfil en Galicia. Un hombre que asegura ser su familiar directo advierte de que el fugado se está escudando en su condición diplomática para intentar quedar en libertad en Venezuela, "obtener alguna inmunidad" y librarse de la extradición a España.
"Quiere cubrir sus espaldas con su título de cónsul honorario de Costa de Marfil, y está utilizando esto para que lo dejen libre. La justicia venezolana no funciona y en este momento está más corrupta que nunca, y se quiere valer de contactos e influencias. Si se presume que ha cometido estos delitos él debe pagar", afirma el familiar. Alberto López se presentó en Venezuela y contactó con sus allegados tras varios años sin contacto. "No salimos de nuestro asombro, al llamar este lunes a la embajada de Costa de Marfil en Madrid y saber que todavía no estaban enterados de lo sucedido. Ya los pusimos al corriente. Su título debe ser revocado de inmediato", urge el pariente. Este periódico intentó contactar ayer con la embajada en varias ocasiones para conocer su parecer, pero no hubo respuesta alguna; "todos los operadores están ocupados".
Un familiar también se puso en contacto hace unos días con el juzgado. Habló con la secretaria del magistrado, se identificó y alertó de que el fugado presuntamente estaba moviendo hilos en Venezuela para intentar quedar en libertad.
El juez Doval ofició al Ministerio de Justicia para que le informara sobre el proceso de entrega, y reiteró esa solicitud. Por el momento, el Gobierno no ha dado respuesta. Solo consta el recibí del envío del escrito del magistrado. El tratado de extradición firmado entre España y la República de Venezuela recoge que los interlocutores de la negociación son las autoridades políticas y no las judiciales, a diferencia de lo que ocurre entre los países miembros de la Unión Europea, donde los procesos de extradición se tramitan directamente entre las autoridades judiciales, agilizando y acortando los plazos.
Sobre López pesa una orden de ingreso en prisión preventiva del magistrado Luis Doval -a petición de la Fiscalía-, por malversar presuntamente 400.000 euros en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño, en cuyo proceso mercantil figuraba como administrador concursal.
El economista irá a juicio, además, por las presuntas irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio. Contra el empresario, su exsocio José Troncoso y la exedil Marga Martín (PSdeG), el magistrado ve indicios de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, o de fraude y exacciones ilegales (a la exconcejala le suma malversación).
La extradición permitiría que rinda cuentas ante la justicia en esos dos procedimientos. Además, su interrogatorio es importante para definir no solo su responsabilidad en el caso de ayuda a domicilio, sino también la de Martín y Troncoso, pues él ejercía presuntamente la función de gerente de la UTE Troncoso Saludges, que gestionó el servicio entre 2007 y 2011. En el supuesto de que no se lograse su repatriación a España, el juez y el fiscal tendrían que valorar si sería posible llevar a juicio el caso en su ausencia, declarándolo en rebeldía hasta que pudiera juzgársele.
Alberto López permaneció en paradero desconocido varios meses, hasta que fue localizado a principios de abril en el área metropolitana de Caracas. Fue arrestado en cumplimiento de una orden internacional de detención tramitada por la Interpol y dictada el pasado 19 de marzo por el juez de Instrucción 2 de Ourense, tras resultar infructuosa su búsqueda previa en el ámbito nacional desde octubre.
A Alberto López se le perdió la pista en agosto cuando se vislumbraban acciones penales contra él por presunta malversación de caudales públicos en su cargo de administrador concursal en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño. Un mes antes, en julio, había comparecido ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, y sin esperar a que el ministerio público formulase la correspondiente querella criminal por la supuesta malversación de 400.000 euros que desaparecieron de la cuenta concursal que le había sido asignada, hizo las maletas.
La querella del Ministerio Público se presentó el 16 de octubre de 2017 y recayó en el juzgado de Instrucción 2 de la ciudad. La denuncia adelantaba unos hechos presuntamente delictivos que contemplaban penas posibles de hasta 12 años de prisión. Ante el posible riesgo de fuga del administrador concursal, el fiscal jefe, Florentino Delgado, ya solicitaba entonces una orden de búsqueda y detención, y manifestada su intención de pedir también prisión provisional
