17 de mayo de 2018
17.05.2018
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Un supuesto familiar del fugado a Venezuela tras un desfalco avisa de que está preso pero intenta librarse

Telefoneó al juzgado para informar de que Alberto López está retenido -Debe afrontar además el juicio de ayuda a domicilio

17.05.2018 | 03:36
El administrador fugado, Alberto López, antes de una declaración judicial, en 2013. // Iñaki Osorio

En la justicia, como administración que es, todo está reglado y los protocolos establecidos marcan el devenir de los casos, pero en ocasiones se dan situaciones menos ortodoxas que, sin embargo, clarifican el estado de las causas. La semana pasada, el juzgado de Instrucción 2 de Ourense recibió la llamada desde el extranjero de un hombre que se identificó como familiar de Alberto López Rodríguez, economista y cónsul honorario de Costa de Marfil, sobre el que pesa una orden de ingreso en prisión preventiva del magistrado de ese juzgado, Luis Doval -a petición de la Fiscalía-, por malversar presuntamente 400.000 euros en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño, en cuyo proceso mercantil figuraba como administrador concursal. El supuesto pariente afirmó que el fugado se encuentra preso en Venezuela, pero trata de lograr su libertad antes de que se lleve a cabo la extradición.

En el juzgado de Ourense se desconoce el trámite actual del proceso de entrega. Hace pocas semanas, el juez Luis Doval remitió un oficio al Ministerio de Justicia -del que aún no ha obtenido respuesta- para que informe si se ha puesto en contacto con Venezuela para reclamar la entrega a España del investigado. El tratado de extradición firmado entre España y la República de Venezuela recoge que los interlocutores de la negociación son las autoridades políticas y no las judiciales, a diferencia de lo que ocurre entre los países miembros de la Unión Europea, donde los procesos de extradición se tramitan directamente entre las autoridades judiciales, agilizando y acortando los plazos.

Una vez que Alberto López llegue a España, en cumplimiento de la entrega, su orden de ingreso en prisión tendría que ser ratificada con una nueva comparecencia.

Riesgo de 4 a 8 años de prisión

El caso de la presunta malversación de activos de la empresa de la que fue administrador, un presunto delito por el que se enfrenta a posibles penas de prisión de entre 4 y 8 años, no es la única causa que tiene encima. El economista irá a juicio, además, por las presuntas irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio. Contra el empresario, su exsocio José Troncoso y la exedil Marga Martín (PSdeG), el magistrado ve indicios de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, o de fraude y exacciones ilegales (a la exconcejala le suma malversación).

La extradición permitiría que rinda cuentas ante la justicia en esos dos procedimientos. Además, su interrogatorio es importante para definir no solo su responsabilidad en el caso de ayuda a domicilio, sino también la de Martín y Troncoso. En caso de que no se lograse traerlo a España, el juez y el fiscal tendrían que valorar si sería posible llevar a juicio el caso en su ausencia, declarándolo en rebeldía hasta que pudiera juzgársele.

Varios meses ilocalizable

Alberto López permaneció en paradero desconocido varios meses, hasta que fue localizado a principios de abril en el área metropolitana de Caracas. Fue arrestado en cumplimiento de una orden internacional de detención tramitada por la Interpol y dictada el pasado 19 de marzo por el juez de Instrucción 2 de Ourense, tras resultar infructuosa su búsqueda previa en el ámbito nacional desde el mes de octubre.

A Alberto López se le perdió la pista en agosto cuando se vislumbraban acciones penales contra él por presunta malversación de caudales públicos en su cargo de administrador concursal en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño. Un mes antes, en julio, había comparecido ante el fiscal jefe, Florentino Delgado, y sin esperar a que el ministerio público formulase la correspondiente querella criminal por la supuesta malversación de 400.000 euros que desaparecieron de la cuenta concursal que le había sido asignada, hizo las maletas.

La querella del Ministerio Público se presentó el 16 de octubre de 2017 y recayó en el juzgado de Instrucción 2 de la ciudad. La denuncia adelantaba unos hechos presuntamente delictivos que contemplaban penas posibles de hasta 12 años de prisión. Ante el posible riesgo de fuga del administrador concursal, el fiscal jefe, Florentino Delgado, ya solicitaba entonces una orden de búsqueda y detención, y manifestada su intención de pedir también prisión provisional. Ese será el destino de Alberto López cuando lo extraditen a España.

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