Dos años y medio después de caer detenido por Asuntos Internos en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y el supuesto trato de favor policial a determinados confidentes, el exjefe de la brigada provincial antidroga, Antonio R. F., volverá a declarar porque en la grabación del interrogatorio ante el juez, en el paso a disposición en calidad de detenido, no se escucha parte del audio -hacia el final- recogido por el juzgado para dar fe. El magistrado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ofreció a este y otro exagente de la unidad, Felipe M. A., -en total son cuatro los policías investigados -la oportunidad de volver a intervenir para preservar al máximo su derecho de defensa.

Sin que conste aún la respuesta del otro investigado, el abogado de Antonio ya ha contestado que sí. La parte avisa de que el propósito del exjefe antidroga es pronunciarse, no solo del tramo del interrogatorio de 2015 que no se percibe en la grabación, sino también sobre la supuesta relación entre la Zamburiña y la causa contra Roi y Bernardo D. L., los policías gemelos investigados por la muerte de su compañero Celso B. A. en comisaría, el 9 de abril de 2016, así como por su presunta implicación en los anónimos y el robo de armas, como considera la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto. "Para mi representado resulta de sumo interés su comparecencia a fin de aclarar el contenido de las grabaciones, así como aquellos aspectos que resulten aclaratorios de la investigación, dado los nuevos derroteros que ha adquirido por los acontecimientos que se han producido después de la declaración prestada el 11 de noviembre de 2015".

El anterior jefe de la brigada de estupefacientes considera que fue víctima de las supuestas falsedades apuntadas en el escrito sin nombre remitido a Asuntos Internos en noviembre de 2014, en el que se le mencionaba entre los supuestos implicados en una corrupción policial. Aquel anónimo, elaborado hace tres años y medio con pruebas falsas según la UDEV, empezó a gestar una trama que aún no se ha resuelto y que se investiga, a día de hoy, en 4 causas judiciales distintas con 8 policías bajo sospecha.

Además de la declaración aceptada por el exjefe antidroga, está programada la de la principal traficante del caso, Josefa P., alias Pucha, a quien el juez preguntará por una defensa ilegal hallada en los registros, cuya posesión podría constituir un delito de tenencia ilícita añadido al hallazgo en sus propiedades de más de 6 kilos de droga