En la mañana de ayer quedaba oficialmente constituida en el Concello de Ourense una comisión de investigación integrada por miembros de todos los grupos políticos municipales y cuyo objetivo será "tratar de depurar responsabilidades políticas o técnicas si las hubiera", al vacío en materia urbanística, con sendas anulaciones de su planeamiento en 2011 y en 2016.
En el año 2016, fue anulada por sentencia judicial firme la ordenación urbanística provisional, el único documento legal que amparaba el urbanismo en un municipio que ya se había quedado en 2011 ( y así sigue desde entonces) sin su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), anulado también por sentencia judicial firme, al descubrirse que este plan, que se aprobó en pleno en 2003, no era el mismo que se había expuesto al público, es decir, que había habido "cambiazo" y que, además, se aprobó sin incorporar algún informe sectorial imprescindible.
El Concello de Ourense celebraba ayer el acto oficial de constitución de esta comisión de investigación, que fue solicitada hace dos años por Ourense en Común y aprobada entonces en un pleno por todos los grupos de la oposición. La preside la edil de Hacienda, Ana Fernández Morenza, y está integrada además por los ediles Manuel Álvarez (DO), José Ángel Vázquez Barquero (PSOE) y Martiño Xosé Vázquez ( OUeC) en representación de sus respectivos grupos políticos.
Este último señalaba ayer que "ya era hora de que los responsables del caos urbanístico que ha obligado al municipio PXOM del 1986, paguen sus errores y todos aprendamos de los mismos para no volverlos a repetir con el actual PXOM en trámite".
"No hay nada que depurar"
Como informó la presidenta de esa comisión la reunión de ayer fue solo constituyente y la próxima será el l 6 de junio, para volver a reunirse luego con periodicidad mensual.
Según avanzó ayer el concejal de Urbanismo, José Cudeiro en realidad esta comisión "no tiene nada que depurar y ni la anterior edil de Urbanismo del PSOE ni el presidente de la Xunta como se dice, tiene responsabilidad" . Ello se debe a que el ordenamiento urbanístico provisional de la ciudad fue anulado en 2016, porque amparaba 30 ámbitos o proyectos públicos y privados y sin embargo no había sido sometida antes a exposición pública. " Y no hay responsabilidades que depurar" indica Cudeiro" porque la Ley del Suelo de Galicia de 2002, no establecía en ninguno de sus artículos que un planeamiento provisional tuviera que ser expuesto al público "solo establecía que había que publicar esa ordenación provisional en el Diario Oficial de Galicia".
De hecho apeló a su experiencia como director xeral de Urbanismo de la Xunta, etapa durante la cual "aprobamos cuatro ordenaciones provisionales sin necesidad de exponerlas al público. De hecho, el TSXG mantuvo este criterio siempre, hasta que ocurrió el caso del Concello de Barreiros, donde sí fueron estimadas unas alegaciones por no haber sido expuesta al público su ordenación", indicó ayer José Cudeiro, lo que dio un vuelco y derivó en la anulación de la ordenación provisional de Ourense.
Sin PXOM no hay inversiones
Sin embargo, según el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, "de aquel cambiazo del PXOM para beneficiar a unos pocos, se derivan consecuencias muy graves para el Concello de Ourense como indemnizaciones millonarias a cargo del erario público, inseguridad jurídica, estancamiento de inversiones, freno en sectores productivos y un nuevo gasto en la redacción de un nuevo PXOM de un millón de euros".
El gobierno municipal y los responsables políticos de la anulación de aquel ordenamiento "fueron rápidamente reubicados en otros cargos en lugar de asumir sus responsabilidades", señala.
"Ricardo Campo Labrador, el concejal de Urbanismo entonces, y el antiguo equipo del gobierno local, con Cabezas al frente, fue todo reubicado en su mayoría en la Diputación al servicio del Sr. Baltar, incluido quien hoy regenta nuevamente la responsabilidad de la gestión urbanística de nuestro Concello, el señor Cudeiro, quien ocupaba el cargo de jefe de servicio provincial de urbanismo cuando fue licitado aquel PXOM de 2003, avalando la adjudicación del planeamiento a la empresa Gocsa con los votos en contra del arquitecto e ingeniero municipal" , explica. Como consecuencia de aquella anulación fue necesario aprobar el ordenamiento provisional en julio de 2011, pero la introducción de 15 obras protegidas de empresas privadas, provocó su anulación.
