Un hombre será juzgado a finales de mayo en Ourense como presunto autor de una estafa a un familiar, emigrado en Venezuela, a cuya costa gastó supuestamente un total de 109.403,76 euros, incluido un año de alquiler y la compra de un vehículo y una motocicleta. El encausado reconoció en la fase de instrucción los hechos, aunque con matices: confirmó haber realizado estas compras después de coger un sobre del buzón de la víctima en el que venía su número de DNI. El hombre se desvincula de varios dispendios que le atribuye la Fiscalía. La acusación solicita una pena de 6 años de prisión más una multa de 3.600 euros por el presunto delitos de descubrimiento y revelación de secretos, en concurso medial con un delito continuado de estafa. La vista se celebra el día 31 ante la sala penal -sección 2ª- de la Audiencia Provincial de Ourense.
Además de efectuar compras por internet -en portales como Amazon o a través de sistemas de pago electrónico como Paypal-, también hizo presuntamente retiradas de efectivo en cajeros. La estafa se prolongó durante varios meses. La causa empezó a instruirse en el juzgado de Celanova en 2011, cuando presuntamente empezó la apropiación del dinero de la víctima, que tenía su residencia en Venezuela y no estaba encima del control diario del dinero ni la correspondencia.
"Escueta" seguridad bancaria
La fiscal sostiene que el acusado, un familiar, se aprovechó de la circunstancia de que el pariente vivía en el extranjero para dirigirse a su vivienda. La correspondencia rebosaba del buzón del domicilio y el hombre supuestamente se apoderó de una carta que contenía el número del DNI de la víctima.
Disponiendo de su documento de identidad, el acusado pudo operar con total libertad en la banca electrónica. Según la narración de hechos que efectúa la Fiscalía, el sospechoso obtuvo varias tarjetas de crédito y creó cuentas corrientes, "todo ello facilitado por las escuetas medidas de seguridad aplicadas por las entidades bancarias", reprocha la representante el ministerio público en su escrito. De hecho, si el acusado no paga la indemnización, tres entidades serían responsables civiles subsidiarias.
La estafa continuada se llevó a cabo mediante compras a través de internet, reintegros de dinero en efectivo en los cajeros y también transferencias. Según detalla la Fiscalía, en una cuenta del Santander el acusado hizo presuntamente cargos con tarjeta por valor de 4.564,03 euros, mediante operaciones entre el 23 de diciembre de 2013 y el 27 de enero de 2014. De la misma retiró en efectivo 25.200 euros, entre el 7 de enero y el 17 de febrero de 2014.
En otra cuenta de Open Bank, el encausado hizo presuntamente cargos con tarjeta por un total de 1.350,64 euros, entre el 10 de septiembre de 2014 y el 26 de enero de 2015. Además retiró 12.310 euros entre el 16 de enero y el 5 de febrero e 2015. En otra del BBVA constan cargos con tarjeta por importe de 3.549,10 euros, hechos entre el 3 y el 24 de diciembre de 2014, y la mayor retirada en efectivo de todas las cuentas: 58.300 entre el 2 de enero y 28 de febrero de 2015. También se le atribuyen al acusado compras mediante la aplicación Paypal -vinculada a una cuenta de Abanca- por 3.640 euros, entre el 6 de septiembre de 2011 y el 6 de marzo de 2012. Esta última entidad bancaria reintegró a la víctima la cantidad defraudada.
La cifra, un cálculo pericial
Según dictaminaron los peritos, el montante económico presuntamente obtenido por el encausado fue de 109.403,76 euros. Además de la pena de 6 años de prisión y 3.600 euros de multa, la Fiscalía pide que el encausado indemnice a su familiar estafado con 105.120,77 euros Se descuenta la cantidad reintegrada por Abanca y el resto de entidades serían las responsables civiles subsidiarias si el acusado no paga.
