La polémica y controversia suscitada con todo el proceso de adjudicación de los conocidos mupis, en concreto las pantallas digitales en diferentes puntos de la ciudad, se resolverá en la vía judicial, después de que el portavoz del grupo de Ourense en Común, Martiño Vázquez, anunciase ayer su intención de acudir a Juzgado Contencioso-Administrativo y a la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas por el gobierno popular en la gestión del expediente de contratación.

De ahí que, por lo de pronto, y de forma inmediata, soliciten la paralización de todo el expediente hasta que se resuelvan todas y cada una de las "anomalías". Y por supuesto que hasta ese momento las pantallas digitales que ponen en riesgo la seguridad viaria queden desactivadas, como es el caso de la que se encuentra frente al pabellón de deportes de Os Remedios.

Además de mostrar sus "serias dudas" sobre el proceso de contratación del pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del contrato de mantenimiento y explotación publicitaria del mobiliario urbano, el portavoz de OUeC denuncia "graves irregularidades" por parte del gobierno popular en el expediente de contratación.

Y señala tres cuestiones en especial: se beneficia a una empresa por encima de otra que se desestimó en su momento, por ser la mejor oferta, con argumentos contrarios a la derecho, como así lo plasma una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo nº2, que anula la resolución adoptada por el Concello, y ordena retrotraer las actuaciones al momento de la exclusión de la empresa que recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Diferentes zonas

Otro de los argumentos que esgrime Martiño Vázquez está relacionado con la modificación del pliego de contratación "ya resuelto" sin que exista cláusula que lo permita, así como el cambio de ubicación de varias pantallas digitales para colocarlas "en zonas y con orientaciones contrarias a los informes de seguridad viaria y sin atender a las recomendaciones de Patrimonio", "incumpliendo" el informe de la Policía Local.

En el pliego se recogía que las pantallas se iban a ubicar en la clle Ervedelo, Jardín del Posío, otra en el parque de San Lázaro y plaza de Abastos. Pero la realidad es que finalmente se ubicaron en la calle Progreso, Curros Enríquez, avenida Pardo de Cela frente al pabellón de Os Remedios, y en Sáenz Díez, junto al centro comercial.

Estas dos últimas pantallas se convierten en el centro de la polémica por incumplir las ordenanzas municipales, como señala la denuncia que presentó un policía local.

Un modificación que para los grupos de la oposición debería llevar consigo la nulidad del contrato para proceder a una nueva convocatoria para su adjudicación en función de otro pliego. El Concello adjudicó en 2016 el contrato a la empresa Inca y, posteriormente, la excluyó "al no cumplir los requisitos de solvencia técnica" , y se lo adjudicó a Trans Europe, que fue la segunda mejor oferta en la valoración realizada. Pero posteriormente el juzgado estimó el recurso formulado por la primera empresa donde anulaba dicha resolución "por ser contraria a derecho", pero el gobierno decidió seguir adelante.