Una estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, un posible delito de fraude y exacciones ilegales, así como otro malversación. Son las presuntas infracciones que el juez aprecia tras dar por finalizada la causa abierta desde 2012 -tras una denuncia de Democracia Ourensana- por presuntas irregularidades en la facturación del Concello de la tercera ciudad gallega a la empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio entre los años 2007 y 2011, la UTE Troncoso-Saludges. El magistrado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, acerca a juicio a la exconcejal de Benestar Marga Martín (PSdeG), la única a la que atribuye el presunto delito de malversación, así como a los empresarios que eran socios de la adjudicataria y terminaron enfrentados y mal avenidos, José Troncoso y Alberto López.
Este último está pendiente de una orden de extradición a España con ingreso en prisión, acordada por el mismo magistrado tras una querella de la Fiscalía por malversar presuntamente 400.000 euros de en su cargo de administrador concursal en la liquidación de la empresa Construcciones Otero de O Carballiño.
El juzgado notificó ayer a las partes personadas el esperado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -el trámite que da por finalizada la investigación, previo a la fase de acusaciones y el juicio- sobre la ayuda a domicilio, una causa que acumula un largo retraso desde su apertura. El caso ha pasado por las manos de dos magistrados titulares distintos. Lo inició Antonio Piña hasta su ascenso a presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. Este juez llegó a dictar un auto preliminar en el que apunta a delitos similares a los que ahora esgrime su sucesor, Luis Doval, en un auto que lleva fecha de 27 de abril.
Exculpada una funcionaria
La resolución, que aún admite recurso de reforma y apelación de las partes (disponen de 3 y 5 días, deja fuera de la relación final de investigados al exalcalde de Ourense entre 2007 y 2012 por el PSdeG, Francisco Rodríguez, quien llegó a declarar en calidad de investigado en febrero de 2017. El exregidor levantó reparos del interventor para garantizar, declaró, "un servicio sensible, con más de 1.000 usuarios de personas mayores, algunas con discapacidades". El Concello de Ourense mantuvo la relación con la empresa, durante más de un año, pese a que una sentencia anulaba la concesión.
Según el criterio del juez y a la espera de posibles recursos, Francisco Rodríguez no irá a juicio ni tampoco tendrá que pasar por el trance C. R., una funcionaria que permanecía como investigada (en el transcurso del procedimiento llegó a haber más trabajadores del Ayuntamiento imputados).
El caso de ayuda a domicilio fue el primero que puso en jaque al anterior gobierno socialista, además de la operación Pokemon, que seis años después de haber provocado la dimisión del exalcalde Francisco Rodríguez, así como dinamitado el pacto bipartito entre PSdeG y BNG en Ourense, sigue en fase de instrucción, sin fecha de juicio a la vista en el horizonte. También se ha caracterizado por las dilaciones -una previsible atenuante- el caso de ayuda a domicilio, en el que se investigan presuntas irregularidades en el pago de facturas entre los años 2007 y 2011.
Plazo al fiscal para que acuse
En la resolución que todavía no es firme notificada ayer a las partes, el magistrado emplaza al Ministerio Fiscal para que formule escrito pidiendo el sobreseimiento provisional o la apertura de juicio oral, una segunda opción más probable dada la estrategia seguida por la acusación pública, y que conllevaría la presentación del escrito de calificación de hechos.
Tras este trámite, el juzgado trasladará el turno a las defensas de los tres investigados para que aleguen lo que consideren oportuno. Es probable que, ante la gravedad de los presuntos delitos imputados, la causa de ayuda a domicilio sea juzgada ante la Audiencia Provincial.
