Diez años después del inicio de la crisis económica el mercado de trabajo en Ourense no ha logrado recuperarse. En una década se han destruido casi diez mil puestos de trabajo y el declive demográfico unido a la emigración juvenil agravan todavía más los indicadores laborales. La EPA publicada el pasado jueves reveló que esta provincia es la única española con más población en situación de inactividad que trabajando o en disposición de hacerlo por lo que el análisis del mercado laboral actual en relación a 2008 cuando estalló la crisis económica no llama al entusiasmo. En este escenario los sindicatos acuden mañana, Día Internacional de los Trabajadores, a la movilización. Lo hacen por separado, CIG (11.30 horas Praza Maior), y CC OO y UGT (12.00 horas Os Remedios), pero en la misma lucha: contra la precariedad y la pérdida de derechos laborales.
La última actualización de las afiliaciones a la Seguridad Social, correspondiente al pasado mes de marzo cifra en 101.513 el número de cotizantes, incluidos los inscritos en el régimen de autónomos (24.949). Diez años antes eran 111.348 afiliados, de los que 28.725 figuraban como trabajadores por cuenta propia. La factura de la crisis es pues contundente: 9.835 cotizantes menos, de los que 3.776 son autónomos que causaron baja en la Seguridad Social. Esto significa que durante la última década se han destruido el 9% de los puestos de trabajo en la provincia y que el colectivo de autónomos ha perdido el 13% de sus activos.
Este impacto sobre el mercado de trabajo se extiende por toda la provincia con muy pocas excepciones. Sólo tres concellos ourensanos han incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral desde 2008. Se trata de Allariz, que subió un 5%; Barbadás, en el que hay ahora un 12% de cotizantes más, y San Cibrao das Viñas, municipio que alberga el mayor polígono industrial de la provincia y donde las afiliaciones crecieron un 17,5%. En la capital se han destruido 5.283 puestos de trabajo, un 10,6% de trabajadores en alta menos que cuando estalló la crisis económica.
Las sucesivas reformas laborales que facilitaron la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, favoreciendo el despido por causas objetivas y con menor impacto en los intereses empresariales también ha pasado factura a la provincia. Desde 2010 se firmaron un total de 549 expedientes que afectaron, tanto por despido definitivo como por suspensión o reducción de jornada, a 7.187 trabajadores.
Entre ellos figura el ERE aplicado a la plantilla íntegra de la empresa T-Solar en 2013. El cierre de la fábrica de placas solares dejó en la calle a 170 personas, la mayoría jóvenes, y abrió uno de los mayores conflictos laborales que sufrió la provincia durante esta crisis.
2012 y 2013 fueron años críticos para el mercado laboral. En ese período se tramitaron 298 ERE que afectaron a 4.294 trabajadores. Veinte de aquellos expedientes fueron de extinción, enviando directamente al paro a 321 empleados. Aunque la incidencia del despido colectivo se ha mitigado en los últimos años, las empresas siguen recurriendo a ellos en época de supuesta recuperación. 2017 se cerró con 13 expedientes y 162 trabajadores damnificados, y en los dos primeros meses de 2018 se presentaron tres en el sector servicios.
