Más allá de interpretaciones y consideraciones, el informe de fiscalización emitido por el interventor relativo al proyecto de presupuestos que para 2018 aprobó el gobierno popular y entregó a los grupos de la oposición, con lo que se inicia el periodo para presentar alegaciones, es concluyente: extemporáneo, incompleto y equívoco", y señalar en sus conclusiones que "se fiscaliza de desconformidad por la existencia de los errores detectados en determinados estados que lo conforman", así como por "infringir diversas y variadas normas de obligado cumplimiento".
En el mencionado informe, al que tuvo acceso FARO, incide en "los retrasos" en la elaboración de los presupuestos en tiempo y forma que "vienen siendo criticada duramente por el Tribunal de Cuentas", y que se traduce en una "falta de diligencia" que "no legitima -al gobierno- para invocar la utilización de procedimientos de urgencia en la tramitación administrativa. Para advertir que el documento está "incompleto", debido a que "omite documentos de carácter relevante", y señala la propuesta de resolución, junto con otros informes que tienen una incidencia directa en la estructura del proyecto.
Respecto a la "infracción" dl principio de suficiencia presupuestaria, el interventor señala en su fiscalización la relativa al servicio municipal del agua, ya que los algo más de 5,1 millones de euros para pagar a la adjudicataria no tienen en cuenta los gastos de la gestión de la nueva EDAR, y que habían sido fijados en 2,6 millones de euros a mayores. Además de haber una discrepancia entre la estimación de Viaqua y el concello, como informó en su edición de ayer FARO. Algo similar, en lo que se refiere a la insuficiencia de fondos prevé en el servicio del transporte urbano, con alusión a la sentencia judicial y pagos que están pendientes del ejercicio anterior, cuya cuantía económica está entorno a los 2 millones de euros.
Cuestión de criterio
Y aunque el interventor también esgrime como argumentos para rubricar la "disconformidad de fiscalización" del presupuesto de presupuestos cuestiones relacionadas con el tema de personas y la "vulneración" de normativas, la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza, quiso relegar su relevancia asegurando que "establece sus criterios, ni más ni menos", pero sin que eso lleve consigo que por parte del gobierno popular se tenga intención de cambiar la hoja de ruta establecida para la aprobación del presupuesto.
Así, Morenza, que acompañó al portavoz del gobierno, José Araújo, durante la comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, por la ausencia del alcalde, Jesús Vázquez, para asistir a una reunión termal en Francia, sostiene que el informe desfavorable del interventor "no supone la nulidad" del proyecto de presupuesto.
Y de inmediato anunciar la edil de Hacienda que el gobierno "hará con carácter prioritario" todo lo que este en sus manos par ala aprobación de los presupuestos para 2018, aunque la postura de los grupos de la oposición, de rechazo frontal, llevaran consigo a una cuestión de confianza del alcalde vinculada a su aprobación.
Sobre está cuestión, Fernández Morenza, consciente de que el plazo para su formalización finaliza el 24 de mayo, se quiso curar en salud, en el caso de que no se pueda llegar, al aludir que "dependerá" de la presentación de enmiendas por parte de la oposición y de los informes que tengan que realizar los técnicos.
Eso si, Morenza asegura que "los plazos están computados al milímetro, pero cono los técnicos de esta casa trabajan mucho no estamos preocupados". Por lo de pronto la intención de los grupos de la oposición es presentar alegaciones, algo que anunció ayer el portavoz socialista, Vázquez Barquero, así como el de Ourense en Común, Martiño Vázquez. Luego, una vez finalizado el plazo para presentar las alegaciones, corresponderá a los técnicos informarlas, y aludía directamente al jefe del órgano de gestión económica y presupuestaria, pero con la fiscalización del interventor.
Con posterioridad pasarían a la comisión de pleno, en la que el grupo popular, que gobierna en minoría, "necesitaría de apoyo para su aprobación", indicó Morenza. Y después de reconocer que la situación actual es de rechazo, debido que el intento de negociación se saldó con un breve encuentro con el portavoz de DO, que trasladó su negativa, mientras que los socialistas no acudieron a la cita, al igual de OUeC. Pero la edil de Hacienda insistió en que "nosotros mantenemos siempre el contacto con los grupos de la oposición para dialogar", pero trasladarles toda la responsabilidad, en el sentido de que "depende de ellos acudir y negociar".
