Sin negociación y acercamiento alguna con los grupos de la oposición, al grupo popular, que gobierna en minoría, la cuestión de confianza se le presenta como la única opción para poder aprobar los presupuestos de 2018, que serían los primeros del mandato, ya que durante los tres años anteriores se mantuvieron prorrogados los de 2014, los últimos que aprobó el anterior gobierno socialista.
Por lo pronto, la única constancia es la existencia de un anteproyecto en el que se contemplan uno presupuestos para el presente año de algo más de 101,3 millones de euros, así como que por parte del gobierno popular lo que está decidido es llevar a pleno el presupuesto, como indicó la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza. Que en todo momento evita realizar un pronunciamiento rotundo sobre la cuestión de confianza, y se limita a señalar que en función del resultado del pleno, que en esto momento es de rechazo, al no contar con los apoyos necesarios, "se tomarán las decisiones oportunas".
Y aunque Fernández Morenza mantiene que "nuestra intención es aprobarlos", la realidad es otra muy diferente, sobre todo después de que el proceso de negociación del anteproyecto, para el que fijaban un plazo de quince días, resultase fallido, y sólo el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, acudió al cita para dejar claro que sin informe de fiscalización del interventor no había nada que negociar. Los otros dos grupos no acudieron, al esgrimir ese mismo argumento.
Nada nuevo
Desde ese momento "no hay nada nuevo", revela el portavoz socialista, Vázquez Barquero, mientras que por parte de Ourense en común, Martiño Vázquez, se incide en que las intenciones del gobierno se desconocen, ya que en la concejal de Hacienda no acudió a la última junta de área, por lo que dicen desconocer los pasos que tienen pensado dar.
Eso sí, aluden al mensaje que envió en el momento de presentar el anteproyecto de presupuesto por parte de Fernández Morenza, en el sentido de que "somos conscientes de que si existe un rechazo a este borrador se deberá más a cuestiones políticas ajenas a nosotros que a su propio contenido".
Un argumento que volvió a utilizar cuando se confirmó que los tres grupos rechazaron cualquier tipo de negociación mientras no estuviese sobre la mesa el informe del interventor, como sucedió en 2017 con el borrador que presentó el gobierno popular y que luego retiraron ante las "importantes carencias" detectadas por el interventor y que podrían llevar consigo la nulidad del mencionado documento.
Puestas así las cosas, y sin que el gobierno cuente con el apoyo necesario que le garantice los 14 votos de la mayoría, los plazos para poder acudir a una cuestión de confianza se agotan, y deberá cumplimentar en el plazo de algo más de un mes, ya que según lo que establece la ley, el plazo para su presentación concluye a finales de mayo, cuando se inicia el último año del presente mandato , antes de la convocatoria de las nuevas elecciones municipales.
Sobre está cuestión, la edil de Hacienda comentó que "tenemos tiempo", en referencia al proceso que se debe llevar a cabo, como la aprobación en Junta de Gobierno.
