El juez Leonardo Álvarez considera que todo el clan de Los Madriles sabía y toleraba que Javier G. J., de 40 años y múltiples antecedentes, mantuvo retenida durante 20 días a una joven a la que presuntamente agredió sexualmente y amenazó, hasta el punto -según la denunciante -de obligarla a robar, drogarse, comer su vómito y dormir sobre la orina. Pero los familiares del presunto violador, investigados como supuestos cómplices o cooperadores necesarios de los presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal, coacciones y amenazas, se desvinculan de los hechos y lo acusan solo a él.
En sala, ante el magistrado, reiteraron que vivían "atemorizados" y coaccionados por su pariente. A la salida, el patriarca dijo a los periodistas algo similar: "Es un bicho y un demonio. Si él hizo el delito, que pague", dijo Luis Manuel G. M. tras la comparecencia de toda la familia salvo uno de los hermanos, que ayer estaba enfermo y declara hoy. El progenitor y la madre ya habían apuntado a Javier y desvinculado a los hermanos en la primera declaración tras la espectacular redada en la que la Policía capturó al presunto violador.
Amenazas con una catana
El progenitor sostiene que el principal procesado -preso preventivo desde su detención a finales de enero- los golpeaba y los amenazaba, incluso con una catana. "Nos daba golpes, nos rompía todo, me rompió el todoterreno". ¿Sabían que la joven era víctima? "Él se quedaba solo con ella en casa y puede que le hiciera daño, pero yo nunca vi que le pegara. Además, fui yo quien la llevó a la comisaría", defiende el patriarca. Javier G. J. se acogió a su derecho a no declarar en la indagatoria de ayer.
Junto al sospechoso de la agresión sexual, que asegura que las relaciones fueron consentidas, están procesados sus hermanos José Luis alias Charly -su turno es hoy-, Ángel -quien también se acogió a su derecho a guardar silencio-, así como Alberto, exnovio de la víctima y que, según su abogado, estaba residiendo con otra pareja cuando ocurrieron los hechos. También procede el magistrado contra el patriarca Luis Manuel G. M. y la madre del clan Ana J. G. Ella y el presunto violador también está imputados por amenazar presuntamente a la madre de la víctima. El clan vive repartido en dos casas próximas en las inmediaciones del cementerio de San Francisco. Todos "eran perfectamente conocedores de la situación que estaba viviendo" la víctima, señala el juez en su auto de procesamiento.
Falta un informe del forense
El forense todavía no ha remitido al juzgado el informe definitivo sobre la sanidad prestada a la víctima, un estudio clave para que el fiscal valore si acusa por agresión sexual. Tenía el cuerpo "lleno de moratones", recordó el juez al dictar el procesamiento. Para verificar si estuvo retenida contra su voluntad -una detención ilegal desmontaría el supuesto consentimiento de las agresiones sexuales-, la Fiscalía ha solicitado al juzgado un análisis de los teléfonos. Los procesados afirman que la joven iba a la tienda, sacaba la basura, entraba y salía cuando quería y disponía de libertad, aunque admitieron que Javier ejercía el control. Fuentes de la defensa esgrimen que existen grabaciones en vídeo de móvil en que se ve a la mujer con los investigados en buena sintonía.
La víctima denunció que el 4 de enero de 2018, Javier G. J la obligó a alquilar una habitación en un hotel mediante coacciones y amenazas. Allí presuntamente la forzó a mantener relaciones sexuales. La defensa afirma que constan dos noches en el hotel, no solo la que aludió la víctima. La mujer asegura que después estuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en el domicilio del sospechoso. Durante ese periodo, según recoge el auto de procesamiento, "fue objeto de continuas amenazas y vejaciones" entre las que se incluían hacerla comer el vómito o dormir sobre su orina, "llegando incluso a golpearla en todas las partes del cuerpo empleando objetos contundentes como un garrete.
La víctima "también fue obligada a mantener relaciones sexuales con Javier, a drogarse, a sacar dinero, y a intervenir en distintos delitos contra la propiedad, todo ello bajo coacciones y amenazas tales como "te mato" o te "arranco los ojos". El instructor destaca que la declaración de la mujer no incurrió en contradicciones, fue "coherente, razonable y perfectamente creíble", sin razones para dudar de su objetividad. Considera "poco creíble" la versión de Javier sobre relaciones consentidas.
