"Tenemos una vocación de servicio que nos hace ser responsables, no paralizaremos la actividad pero no podemos quedarnos parados ante la inactividad del Ministerio de Justicia". Así resume el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, el porqué del frente común entre el ministerio público y los magistrados para exigir reformas, mejoras laborales y medios. Harán paros de una hora varias jornadas y se sumarán a una huelga prevista a nivel nacional para el 22 de mayo. En la justicia, la hermana pobre de la administración, se dan situaciones tan rocambolescas como la falta de compatibilidad completa entre los sistemas informáticos de los juzgados (Minerva) y la Fiscalía (Fortuny). También agravios comparativos en la nómina. Según el juez decano Leonardo Álvarez, "la diferencia entre el salario de un magistrado de Ourense y uno de Vigo es casi 300 euros al mes". También perciben menos aquí que en Pontevedra, Santiago o Badajoz. Por 8 días de guardia durante las 24 horas ingresan menos de 200.
Los magistrados de las secciones civil y penal de la Audiencia Provincial -mujeres en la gran mayoría, capitaneado el colectivo por el presidente, Antonio Piña- así como todos los fiscales de Ourense -representados por el jefe- se suman a una causa que, a nivel nacional, cuenta con la adhesión de más de 3.500 magistrados, las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales. Un apoyo unánime a las 14 propuestas de mejora de la justicia que pretenden una justicia más ágil, eficaz y de calidad. "Llevamos mucho tiempo reclamando un gran pacto, pero las únicas medidas han sido un lavado de cara. La carrera pide una reforma profunda y una mejora de los derechos laborales", expresa el magistrado Antonio Piña.
En Galicia, que acumula 2 meses de huelga de los funcionarios de justicia, la protesta de magistrados y fiscales abre otra causa de conflicto, aunque las reivindicaciones se dirijan a administraciones diferentes (Xunta y Gobierno). Florentino Delgado deja claro que "no causaremos perjuicio" al estado de las causas, sino que la intención es hacer "una llamada de atención". El fiscal retrata la falta de voluntad clara de reformar la justicia con una realidad: una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, "puede que la más antigua del mundo".
Además advierte: "Contra lo que nos rebelamos y resistimos es contra el riesgo de que, a largo plazo, nadie quiera opositar a juez o fiscal y haya una carrera de funcionarios sin excelencia, o conlleve la salida a despachos privados. Tenemos vocación pero queremos reconocimiento", reiteró el fiscal jefe.
Las peticiones de ministerio público y magistrados se resumen en más independencia -elección de vocales del CGPJ por los jueces, transparencia en los altos cargos, o autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal-; modernización y más medios personales y materiales; cambiar el modelo hacia los tribunales de instancia y la derogación de los plazos de instrucción; así como una mayor inversión, un aumento de plazas y mejoras laborales como la conciliación, la adecuación de los salarios a la responsabilidad y una implantación de unas cargas máximas de trabajo.
Otro penal y un contencioso
El decano Leonardo Álvarez considera que haría falta un tercer juzgado de lo Penal y un tercero del Contencioso-Administrativo, así como una cuarta plaza de magistrado en la sección civil de la Audiencia Provincial, por la elevada carga de trabajo actual de las tres juezas. La Fiscalía necesitaría "por lo menos" dos fiscales y dos funcionarios más.
