Presuntamente, la violó varias veces, la mantuvo 20 días retenida en casa, la vejó hasta el extremo de obligarla a comer el vómito y también la golpeó. El auto del juez contra el sospechoso de estos hechos da escalofríos. Javier G. J., de 40 años, en prisión preventiva después de ser detenido por la Policía en Ourense a finales de enero, en una redada en la que intervinieron agentes de élite, se enfrenta sólo por el delito más grave -la supuesta agresión sexual continuada- a penas que van de los 6 a los 12 años de cárcel. La posible duración de la condena obliga a que el magistrado transforme las diligencias previas en un sumario, el trámite para los casos en que el castigo puede superar los 9 años de privación de libertad. El titular de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ve indicios de un delito contra la libertad sexual en concurso con un delito de lesiones -hasta 5 años de cárcel-, otro de detención ilegal -de 4 a 6 años- y uno más de tenencia ilícita de armas (un máximo de 3 años). Si la Fiscalía decide acusar por todas o algunas de esas otras infracciones aumentará, por tanto, la petición de condena.
En un auto que no es firme, y que precedería a los de procesamiento y conclusión de sumario, el juez recapitula los supuestos delitos que el sospechoso cometió. La víctima denunció que el 4 de enero de 2018, Javier G. J la obligó a alquilar una habitación en un hotel mediante coacciones y amenazas. Allí presuntamente la forzó a mantener relaciones.
La mujer asegura que después estuvo 20 días retenida en contra de su voluntad en el domicilio del sospechoso. Durante ese periodo, según recoge el auto, "fue objeto de continuas amenazas y vejaciones" entre las que se incluían hacerla comer el vómito o dormir sobre su orina, "llegando incluso a golpearla en todas las partes del cuerpo empleando objetos contundentes como una "cachaba" (un garrote), añade el juez. La víctima "también fue obligada a mantener relaciones sexuales con Javier, a drogarse, a sacar dinero, y a intervenir en distintos delitos contra la propiedad, todo ello bajo coacciones y amenazas tales como "te mato" o te "arranco los ojos".
El instructor destaca que la declaración de la mujer no incurrió en contradicciones, fue "coherente, razonable y perfectamente creíble", sin que existan razones para dudar de su objetividad "dado que el propio denunciado reconoció no tener ningún problema con la denunciante". Javier G. J. alegó que las relaciones sexuales habían sido consentidas, pero el juez considera esta versión "poco creíble". La víctima tenía el cuerpo lleno de hematomas que eran compatibles con las lesiones que denunció.
Todo el clan familiar, imputado
En el mismo domicilio en el que presuntamente estuvo retenida la víctima en contra de su voluntad, vivían otros familiares del sospechoso que continúan investigados por posible cooperación y tienen una orden de alejamiento. Son todos miembros del clan de "Los Madriles". En la casa donde ocurrieron los hechos y tuvo lugar la redada, en las proximidades del cementerio de San Francisco, residen la madre, Ana J. G. y dos hermanos, José Luis y Ángel G. J. En las proximidades viven su padre Luis Manuel G. M. y Alberto G. J., quien había sido novio de la víctima hace unos años.
Según recoge el juez en el auto de apertura de sumario, la madre del encarcelado reconoció en cierta manera que la chica se encontraba contra su voluntad, al manifestar que su hijo Javier no la dejaba salir de casa, y que ella tenía que darle de comer "por detrás". Ante los periodistas negó el delito y aseguró que las relaciones eran consentidas, que la chica era libre de salir e iba con ellos a la chatarra.
La Fiscalía pidió investigar un presunto delito de tenencia ilícita de armas, que el juez introduce al inicio de su auto de sumario, tras relatar la víctima que tenían en casa granadas, armas blancas, una pistola, una escopeta y ametralladoras. Solo aparecieron una de balines, así como unos bastones y hachas.
