14 de marzo de 2018
14.03.2018

Cabezas niega la malversación y pide el archivo o que se impute a todos los que aprobaron perdonar las cesiones

El exalcalde recurre el auto que lo acerca a juicio - "No existe orden directa ni documento firmado por él", alega la defensa

14.03.2018 | 09:09
Manuel Cabezas. // Iñaki Osorio

Que la juez rectifique y lo exculpe del caso por presunta malversación agravada y prevaricación, o que dé un paso atrás e investigue a todos los cargos y funcionarios que participaron en los órganos colegiados del Ayuntamiento que aprobaron no exigir a determinados promotores el 10 % de sus proyectos privados para aprovechamiento público. Es la petición del exalcalde Manuel Cabezas -gobernó Ourense entre 1995 y 2007, en las filas del PP- en el recurso contra el auto de la magistrada Eva Armesto que lo acerca a juicio. El fiscal jefe, Florentino Delgado, también recurrirá y pedirá el archivo, como ya informó este periódico.

El Ministerio Público concede que existió una ilegalidad en el momento en el que no se reclamaron las cesiones del 10 %, pero discrepa con que exista delito. Se basa en que fue el predecesor de Cabezas, el socialista Manuel Veiga Pombo, el que presidía el pleno de 1994 en el que se acordó no cobrar las cesiones urbanísticas a los promotores. Florentino Delgado ya solicitó en su momento que, de seguir adelante el procedimiento, también se imputase al exregidor, pero la juez y la Audiencia Provincial descartaron esa opción por prescripción. El ministerio fiscal entiende que el origen del posible delito estuvo ahí, por lo que no ve procedente llevar al banquillo al alcalde posterior, Cabezas, y al concejal de Urbanismo entre 1999 y 2002 con el que comparte imputación, Ricardo Campo Labrador. La denunciante, la exedil del PSdeG Áurea Soto, presentará acusación.

La defensa del exalcalde sostiene que obró siempre siguiendo los informes de los técnicos, y en concreto cita el del secretario del Ayuntamiento, Mariano Rodríguez, "que en su declaración como testigo afirmó sin género de duda que la exención del 10% del aprovechamiento urbanístico era legal". Esta parte se basa, además, en la "inexistencia de prueba alguna que permita sostener que existe un delito de malversación de fondos públicos del cual sea presunto autor" Manuel Cabezas. La juez lo acerca a juicio por un tipo agravado, castigado con hasta 8 años de cárcel, porque el perjuicio al Concello fue de 1,65 millones de euros, según informó el Consello de Contas y Soto aportó en su denuncia. El abogado defiende que "no existe en las actuaciones orden directa ni documento firmado" por parte del exregidor "del que pudiera deducirse la autoría", ya que delegó competencias en materia de urbanismo.

La decisión de no reclamar para fin público el 10% del aprovechamiento de los constructores fue adoptada por el pleno de 1994, "del que no formaba parte" el exalcalde Cabezas, Con aquella decisión de la época de Veiga Pombo y la postura del secretario Rodríguez, que era técnico en urbanismo, "ni mi mandante ni ninguno de los miembros del pleno ni de la comisión de Gobierno podrían dudar de la legalidad".

Sobre el presunto delito de prevaricación que la magistrada atribuye en concurso con malversación, la defensa de Cabezas alega que "no existe en las actuaciones orden directa ni cualquier otra actuación administrativa directa por parte de mi mandante que refleje un poder de decisión, lo cual excluye la consideración del mismo como autor de prevaricación". No cabe ilegalidad, añade esta parte, porque la comisión de urbanismo eleva un informe a los órganos colegiados y la decisión es avalada jurídicamente por los funcionarios técnicos del Ayuntamiento y del secretario del pleno y la comisión.

Por qué a unos sí se les exigió

¿Por qué se perdonó el 10% a algunos constructores y a otros no?, lo que para la juez es contradictorio y avala "una desviación del derecho de manera grosera, clara y evidente". La defensa dice que los motivos podrían aclararse con pruebas. "El motivo reside en que tras la reforma de la Ley del Suelo de 1998 y la Ley del suelo de Galicia del año 1997 solo se exigía el aprovechamiento en proyectos que afectasen a suelo urbano no consolidado que supusieran alteración puntual del Plan General de Urbanismo, y no en aquellos que no supusieran esta alteración, de ahí la existencia de resoluciones en las que se exigía y otras en que no".

El archivo es la petición principal, pero en caso de que la juez mantenga su criterio, la defensa de Cabezas sostiene que debe "seguir la instrucción averiguando quiénes son los que formaban parte del pleno y de la comisión de Gobierno que adoptaron las decisiones que, según el instructor, son constitutivas de delito y no ordenar la continuación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado sólo en relación con dos componentes de esos órganos colegiados". Sería "ilógico" hacer una división de la causa. Una "injusticia", argumenta la defensa. En el auto contra Cabezas y Campo Labrador, la juez pedía deducir testimonio para que se investigue si más miembros de los órganos colegiados incurrieron en delito. Si la juez rectifica y opta por imputar a otros, la defensa del exalcalde apremia: "Si los presuntos delitos tienen un plazo de prescripción de 15 años, finalizaría en noviembre".

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