La Fiscalía de Ourense recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que pone fin a las diligencias previas abiertas en 2014 por el caso de las cesiones urbanísticas del 10% perdonadas a determinados promotores durante cinco años de mandato del exalcalde de la ciudad, Manuel Cabezas, concretamente entre 1998 y 2003. Fue la exedil socialista Áurea Soto la que formuló denuncia para que se investigasen estos hechos que han privado a las arcas municipales de unos ingresos de 1,65 millones de euros.

El fiscal jefe, Florentino Delgado, que ya en el inicio del procedimiento había solicitado el archivo de la causa al considerar los hechos prescritos, manifestó ayer su intención de presentar recurso contra esta decisión que acerca al exregidor y al edil de Urbanismo en aquella época, Ricardo Campo Labrador, al banquillo de los acusados. El auto, notificado el jueves, deberá ser estudiado en profundidad, pero la Fiscalía mantendrá su criterio inicial. Entiende el Ministerio Público que existió una ilegalidad en el momento en el que no se reclamaron las cesiones del 10%, pero muestra su desacuerdo con la existencia de la comisión del delito que aprecia la jueza.

De hecho, la Fiscalía recuerda que fue el predecesor de Cabezas, el socialista Manuel Veiga Pombo, el que dictó el acuerdo plenario de 1994 en el que se acordó no cobrar las cesiones urbanísticas a los promotores. Ya solicitó en su momento que, de seguir adelante el procedimiento, también se imputase a Pombo, pero la jueza lo rechazó alegando prescripción. El ministerio fiscal entiende que el origen del posible delito fue ese, por lo que no ve procedente llevar al banquillo al alcalde posterior y el edil de Urbanismo.

En cambio, la jueza Eva Armesto aprecia en la actuación que desarrollaron ambos cargos públicos respecto a los aprovechamientos urbanísticos que dejaron de cobrarse a algunos constructores, un posible delito de malversación en el tipo agravado (castigado con hasta 8 años de prisión) en concurso con otro de prevaricación, y ha ordenado que la causa continúe por los trámites del procedimiento abreviado, lo que significa abrir la fase de acusación.

Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha contestado a la queja presentada el pasado 2 de marzo por la letrada de la socialista Áurea Soto, que pedía "medidas de impulso procesal" para un caso que llevaba en punto muerto desde septiembre de 2017, cuando formuló escrito en el que solicitaba la apertura de juicio oral. Desde entonces, decía el escrito, "nada se ha alegado por el ministerio fiscal".

Esa misma comunicación fue trasladada al Juzgado de Instrucción 1 que dictó el citado auto de cierre de diligencias previas y ayer mismo fue notificada a la denunciante la respuesta del Fiscal Superior, Fernando Suanzes, que acuerda incoar expediente gubernativo e inhibirse a favor de la Fiscalía Provincial de Ourense. Según consta en el decreto de incoación, redactado el mismo día en que se formuló la denuncia, Suanzes acordó remitir las actuaciones al fiscal jefe de Ourense a quien, indica el documento, "se solicitará, en el oportuno oficio de remisión, que informe a esta Fiscalía Superior del resultado final del expediente".