Los funcionarios de justicia de Ourense participaron ayer en una nueva asamblea y acordaron seguir con el paro indefinido que mantienen desde el pasado 7 de febrero para reclamar un incremento de sueldo que los equipare con otras comunidades españolas y evite una merma salarial del 50 % hasta el tercer día, en caso de una enfermedad tan común como la gripe, y del 25% hasta el vigésimo. El sábado saldrán buses desde la ciudad de As Burgas para sumarse a la movilización que el comité de huelga y los trabajadores trasladarán a la capital, Santiago de Compostela.
En la ciudad volvió a sentirse ayer el efecto de la protesta de los funcionarios. Según los datos de los sindicatos, ayer paró un 86 % de la plantilla, lo que obligó a suspender un total de 64 juicios y 16 declaraciones. En tribunales como el Mercantil, las vistas aplazadas desde el inicio de la huelga se están retrasando hasta octubre y noviembre. Además, la fase de ejecución no urgente está parada, así como el trámite de demandas y muchos trámites del Registro Civil, que ayer volvió a estar repleto de ciudadanos pese a los servicios mínimos.
Al juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, le preocupa la situación. El magistrado pone el foco no solo en el aplazamiento de vistas, que causa perjuicio a los particulares afectados, así como a abogados, procuradores, peritos y testigos, sino también en la paralización de todas las declaraciones que no pertenezcan a asuntos de violencia de género o causas con preso. "Cuanto más se prolongue la huelga, mayor será el colapso", advierte el decano de Ourense.
El juez Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, recuerda que existe un límite legal para investigar las causas penales de 6 meses como máximo, un plazo que puede ser ampliado si la Fiscalía lo solicita y justifica los motivos. El magistrado avisa de que las suspensiones de declaraciones en los juzgados de instrucción ponen en peligro ese límite, por lo que insta a las partes a un acuerdo que zanje la huelga.
