La nueva estación depuradora, que se encuentra ubicada en la zona de Reza, pasa a ser gestionada por el Concello de Ourense, una vez que el Ministerio de Medio Ambiente procedió a su entrega, tal y como se establecía en el convenio que en su momento se había firmado para la construcción de las nuevas instalaciones, y que supuso una inversión superior a los 60 millones de euros.
Una vez se cumplió el plazo establecido para el periodo de pruebas, en torno a un año desde que finalizaron las obras, la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del ministerio, trasladó su titularidad al Concello, y de cuya gestión se encargará la empresa adjudicataria del servicio municipal del agua, Viaqua.
En cuanto al proceso que se está siguiendo, el concejal de Medio Ambiente, José Araújo, explica que por parte de Viaqua se trasladó al Concello una propuesta económica para asumir la gestión de la infraestructura, y que en estos momentos está siendo analizada por los técnicos municipales.
Se trata de ver "si se ajusta a los criterios técnicos y económicos", advierte Araújo, que dice entender que se produzca un incremento en el coste respecto a la anterior depuradora, debido a que cuenta con una mayor capacidad de tratamiento de los residuos, ya que con la anterior no se llegaban a depurar todo lo que llegaba, algo que no sucede ahora. Y destacar que cuenta "con una mayor capacidad, contemplado el futuro crecimiento del municipio".
Sostiene Araújo que se produce un salto cualitativo muy importante, y destaca que "con las nuevas instalaciones se depura el ciento por ciento, pero, sobre todo, la calidad del agua que se devuelve al río Miño es mucho mayor". De ahí que eso lleve consigo un incremento en el coste de la gestión, y que plasmaría en su propuesta Viaqua, sobre la que por el momento evitó realizar pronunciamiento alguno el concejal de Medio Ambiente hasta que cuente con el correspondiente informe de los técnicos municipales.
Nueva concesión
Además, en breve, finaliza el contrato de concesión del servicio municipal del agua, por lo que el Concello debe poner en marcha el proceso administrativo correspondiente para el nuevo concurso de adjudicación, previa elaboración del pliego de condiciones técnicas y económicas.
En la actualidad, según se plasman en los presupuestos prorrogados de 2014, y que se encuentran vigentes, se destina en concepto de retribuciones a la concesionaria del servicio municipal de agua, saneamiento y depuración algo más de 6,2 millones de euros, a los que se tendrían que sumar los costes de la gestión de la depuradora de Santa Cruz de Arrabaldo, las compactas de San Mamede y Curruxeiras, así como la de As Coiñas y las mejoras de saneamiento, con lo que la cifra se incrementa en algo más de 1,2 millones de euros.
Y aunque por parte del gobierno popular se elude hacer un pronunciamiento sobre cuando se podrá concretar la nueva adjudicación, desde los grupos de la oposición se alzan las voces críticas para alertar de que se avecina un largo periodo de precariedad en un nuevo servicio básico.
Una cuestión que el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, tiene claro: "Pasará igual que la del transporte urbano y otros servicios fundamentales", y denunciar la "incapacidad" del gobierno.
Pero más allá de la entrega de las nuevas instalaciones, el Concello mantiene las diferencias económicas con la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) por la liquidación de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Reza, que superan los 4,2 millones de euros, debido a los "sobrecostes" en la construcción de la infraestructura, su funcionamiento y la instalación de una nueva línea de electricidad.
Así, en la última reunión de la comisión de seguimiento no hubo acuerdo y el gobierno popular anunció que adoptará una decisión en función del informe que habían solicitado a la asesoría jurídica, por lo que mantiene la misma postura, que es la de rechazar la liquidación que puso sobre la mesa Acuaes.
Acuaes mantiene que el Concello, aparte de los importes ya incluidos en el convenio firmado para la construcción de la nueva depuradora, deberá asumir su parte en aquellos gastos -"sobrecostes"- que no son subvencionados por los fondos europeos Feder.
Entre estos gastos se encuentran los algo más de 2,6 millones de euros en concepto de puesta en marcha de la depuradora durante el período de un año, a los que se añaden 1,6 millones de euros de la nueva línea eléctrica que se tuvo que instalar para dar cobertura a las necesidades de la instalación.
Un planteamiento con el que el gobierno municipal dice no estar de acuerdo, y esgrimir que en lo que se refiere a la nueva línea eléctrica no le corresponde realizar ningún tipo de aportación, debido a que Acuaes "no la licitó en tiempo y forma", por lo que no se descarta que el asunto pueda llegar a la vía judicial.
