Tres de las seis armas sustraídas del búnker aparecieron en el despacho donde C. B. A., un policía del área de prensa y participación ciudadana, fue encontrado muerto el 9 de abril de 2016. Supuestamente se quitó la vida con una de las pistolas. La comisaría atribuyó el hecho a un suicidio desde el principio e hizo público que el agente se había autoinculpado por la elaboración de los anónimos y el hurto de las armas, pidiendo perdón por correo a los jefes e informando del desenlace por wasap.
La juez que se encontraba en funciones de guardia y acudió al levantamiento del cadáver, la titular de Instrucción Número 3, Eva Armesto, profundizó en la causa apoyada por agentes de Madrid de la Policía Nacional, además de en las pesquisas de la UDEV de la comisaría. A ella le llegó directamente el último anónimo de la serie. Se lo remitieron desde Santiago de Compostela.
Pide a su compañero el caso
De esta causa principal, la que definirá la respuesta definitiva a la grave crisis interna de la Policía Nacional ourensana, pocos detalles han trascendido. La juez es muy estricta contra las filtraciones y mantiene el secreto de sumario en las diligencias de forma continuada desde abril de 2016. Son ya 21 meses consecutivos con la causa reservada.
Dada la trascendencia de su investigación, Eva Armesto ha solicitado por segunda vez al magistrado de Instrucción Número 1, Leonardo Álvarez, que se inhiba y le remita sus diligencias sobre la desaparición de las armas. En la anterior ocasión, el magistrado accedió pero la Audiencia Provincial resolvió que debía ser Álvarez el que siguiera instruyendo.
