Pachi Vázquez dio el paso de optar a la secretaría provincial del PSdeG en Ourense consciente de que permanecía investigado, y la causa judicial se mueve por mucho que coincida con el proceso orgánico por dilucidar, con la votación en primera vuelta fijada para este domingo y más de 1.500 militantes llamados a las urnas. El caso que lo obligó a dimitir como parlamentario a mediados de 2015, para cumplir el código ético del partido que había liderado en Galicia, se acerca a juicio. La Fiscalía ha emitido un informe en el que solicita a la juez de Instrucción 2 de O Carballiño que dicte el auto de procedimiento abreviado y le dé traslado para formular acusación. La fiscal ve indicios de que Vázquez pudo haber prevaricado con carácter continuado hace más de un decenio, cuando era alcalde de O Carballiño. Se discute la supuesta contratación irregular de 37 personas entre los años 1999 y 2005. Se enfrenta a una inhabilitación pública durante un máximo de 10 años.
La causa también afecta a su sucesor en el cargo, Carlos Montes, así como a tres exconcejales, María Elisa D. V., Alfonso P. R. y José Antonio B. G., ninguno de los cuales continúa en activo. En el inicio, la instrucción investigó un posible delito de falsedad documental, pero esta sospecha se ha eliminado al no verse indicios. Si la magistrada atiende la petición de la Fiscalía -el fiscal jefe impulsó la acción penal contra Pachi Vázquez y los exediles con una querella registrada en 2014-, los investigados se quedarán a un solo paso del banquillo. Faltaría el trámite de escrito de acusación y el auto de apertura de juicio oral.
La causa de Pachi Vázquez estaba avanzada cuando aún era parlamentario, pero su renuncia al escaño suprimió su aforamiento y la pieza instruida en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ya había expresado indicios de prevaricación continuada, fue derivada al juzgado de O Carballiño, donde acabó fundiéndose con la diligencias que ya se habían abierto contra el resto de exediles.
Una "práctica sistémica"
En su momento, el excalde de O Carballiño denunció que la querella se presentara tras anunciar su intención de presentarse a las primarias para candidato del PSdeG a la Alcaldía de Ourense, un proceso en el venció José Ángel Vázquez Barquero. La Fiscalía sostiene contra los cinco investigados que las contrataciones se realizaron "prescindiendo total y absolutamente de procedimiento", propiciando que contrataciones de duración determinada pudieran dar lugar al reconocimiento de indefinidos.
Según expresó ya en la querella inicial el ministerio público, esta forma de proceder era "una práctica sistémica" y "absolutamente arbitraria, atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político, personal o de otro tipo, no recogido en el ordenamiento". Según la Fiscalía, "el único criterio de determinación de la contratación era un mero acto arbitrario de designación de los implicados".
La acusación defiende que las 37 contrataciones atribuidas a Pachi Vázquez "se realizaron con ausencia total de procedimiento, prescindiendo en cualquier caso de todo principio constitucional que inspira dicha contratación pública, sustentado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Reiteraba el fiscal jefe en la querella que abrió este caso que "la contratación se realizó con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública, en los que la publicidad es, sin duda, piedra angular".
La defensa pidió el archivo
Uno de los abogados de Pachi Vázquez aseguraba ayer no tener conocimiento del escrito de la Fiscalía. Según su criterio, la instrucción se ha prolongado demasiado y aprecia dilaciones indebidas. La defensa del exalcalde y exparlamentario ha solicitado en varias ocasiones el sobreseimiento.
Vázquez, con el que FARO no logró contactar ayer, anunció su dimisión de su escaño en O Hórreo, en mayo de 2015, con "2.900" documentos municipales acerca de 36 de los 37 contratos investigados, denunciando errores procesales y razones políticas. "Tengo la sensación de que no se juzga al alcalde de O Carballiño, sino al exsecretario xeral del PSOE", declaró. Defendía el exalcalde de O Carballiño que existía documentación en el consistorio -gobernado por aquel entonces por el PP- que estuvo oculta "voluntaria o involuntariamente" y que demostraría que las contrataciones en su etapa como regidor no se hacían de forma "arbitraria"
