La controversia entre el Concello y la empresa Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio de Medio Ambiente, en relación a la liquidación de las obras de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ubicada en la zona de Reza, se mantiene, y por el momento sin acercamiento alguno. Así, el gobierno municipal rechaza tener que abonar algo más de 1,4 millones de euros.
Una cuantía económica que se reclama al concello por las diferencias de la liquidación final de las obras de las nuevas instalaciones, que incluirían el nuevo enganche de la energía eléctrica, junto con los coste de mantenimiento y gestión del año en que la depuradora se encuentra funcionando en fase de pruebas, que lleva a cabo la UTE de empresas adjudicataria de un proyecto, con una inversión de 60 millones de euros.
Sobre esta cuestión, y después de la última reunión de la comisión de seguimiento de la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva depuradora, el portavoz del gobierno municipal y edil responsable del área de Medio Ambiente e Infraestructuras, José Araújo, asegura que "no hubo avances", en el sentido de llegar a un acuerdo, toda vez que por parte del concello no se quiere asumir ese coste económico que se plantea por parte de los responsables de Acuaes.
Puestas así las cosas, por parte del concello no se acepta la liquidación planteada, que se plasma en facturas emitidas y que entiende Acuaes que debe ser asumidas en parte por las arcas municipales. Con las dos posturas enfrentadas, Araújo señala que la decisión final "la tomaremos en función del informe jurídico que se encargó a los servicios jurídicos", aunque esperan no tener que asumir ese cose.
Según los datos a los que tuvo acceso FARO, el principal escollo está relacionado con el coste por la gestión de un año en pruebas, que asciende a 2,8 millones de euros, como así se plasma en una de las facturas entregadas por Acuaes. Una cantidad económica que se vería reducida al dejar de asumir los costes que se contemplaban en la gestión de la anterior depuradora, que supone rebajar esa cuantía al cambiar una nueva infraestructura por otra sobre la que pesaba una orden judicial firme de derribo.
Uno de los argumentos que esgrime el responsable municipal de Medio Ambiente es que en el tema de la nueva línea eléctrica para suministrar a la depuradora "si se hiciese antes sería asumida por los fondos europeos con los que se ejecutó las obras, ya que el Ministerio de Medio Ambiente aportó el 75% del coste final, como así se plasma en el convenio firmado por las tres administraciones.
Reclamación
La aportación de la Xunta se fijó en el 20% que le correspondía, algo más de 10,1 millones de euros, sin tener que asumir ningún sobre coste a mayores por la construcción de la depuradora, y el Concello el 5% restante, algo más de 2,5 millones de euros, de los que ya había abonado 2,1 millones, por lo que le restarían unos 400.00 euros.
De ahí que el nuevo enganche de energía eléctrica para la instalación fue la causa principal que produjo un incremento del presupuesto inicialmente previsto. Unas cantidades económicas que para Araújo está claro, "entendemos que debe asumir Acuaes y no el Concello".
Y aunque las partes, tanto Concello como Acuaes evitan un pronunciamiento claro, todo hace indicar de que de mantener esas postura se puede llegar a la vía judicial. En ese caso con una reclamación por parte de Acuaes, que no sería la primera que se plantea, al existir precedentes en otras zonas del territorio nacional.
La otra cuestión está relacionada con la entrega de las instalaciones de la estación depuradora, que según lo que anunció la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la visita que realizó a las instalaciones, se deberá concretar a finales del presente año.
Eso supondría que la gestión sería municipal, a través de la empresa concesionaria del servicio de Agua, Viaqua, como así se indica por parte del área de Medio Ambiente, aunque todo dependerá de si solventa con un acuerdo el problema que sobre la liquidación final existe en estos momentos. De lo contrario, todo hace indicar que seguirían gestionando la infraestructura de depuración y saneamiento las empresas a las que se le adjudicó su construcción y gestión durante el período de pruebas.
