La instalación de videocámaras de seguridad en diferentes zonas de la ciudad para erradicar los actos de vandalismo es una opción que estudiará el Concello ante una iniciativa del grupo de Democracia Ourensana con la que está totalmente de acuerdo el gobierno municipal, después de que durante el pasado año los daños causados supusieron un coste de 300.000 euros para las arcas municipales. Se trata, por lo tanto, de "combatir" el vandalismo, así como intentar minimizarlo en lo posible con todas las herramientas legales de que se dispongan.
De ahí que el primer paso sea la elaboración de un estudio sobre las necesidades y las ubicaciones idóneas para la instalación de videocámaras de seguridad. Y posteriormente trasladar la correspondiente petición a una comisión de videovigilancia de la Delegación del Gobierno, a la que corresponderá conceder las autorizaciones para su instalación.
Se trata de una comisión independiente, de la que forman parte la Abogacía del Estado, un magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y de la propia Delegación del Gobierno, y aunque suelen ser "restrictivos" en estas autorizaciones, como se indica desde la propia Administración central, lo que le queda al Concello es presentar "argumentos sólidos" que acrediten tanto los actos de vandalismo como de otra índole para que puedan contar con la autorización, máxime si se trata de una instalación permanente.
Sobre esta cuestión, el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, dice ser consciente de que la colocación de cámaras de vigilancia en espacios públicos es "un tema delicado, dado que puede chocar el derecho a la intimidad y a la propia imagen con la seguridad pública", de ahí que el planteamiento pase por un estudio previo que sirva como argumento para poder implantar ese sistema de vigilancia.
Además de advertir que, "conocedores de los tiempos que se maneja en la administración, y de manera especial en el concello, creo que debemos ponernos ya manos a la obra para que no nos suceda lo mismo que en otros concellos", y alude a lo que sucedido en Valencia, en el que la demora de la implantación de la videovigilancia fue de cuatro años en tramitación hasta contar con la aprobación de la comisión de garantía.
Sostiene Jácome que "asistimos impotentes al lamentable espectáculo diario del destrozo del patrimonio público municipal". Se trata de actos de vandalismo contra el mobiliario urbano, bancos, papeleras, marquesinas, mupis, así como esculturas y piezas artísticas colocadas en diferentes espacios de la ciudad, junto con los ataques al patrimonio natural, como se pude ver en jardines, árboles y juegos para niños.
Importantes daños
Un diagnóstico con el que coincide el concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, José Araújo, a su vez portavoz del gobierno popular, que no duda en calificar de "desmadre" todo lo que acontece con los actos de vandalismo, sobre todo en lo que se refiere a los importantes daños que se causan en el mobiliario urbano y en los jardines, parques de la ciudad, así como en contenedores de basura, algunos de los cuales fueron quemados.
Con una referencia concreta a los destrozos que se ocasionan en varios parques infantiles, algunos de los cuales de reciente remodelación, como el de Santa Teresita. De ahí que "decidimos adoptar medidas en la línea que plantea Democracia Ourensana", siempre dentro de los que establece la ley. Y es por eso que en el proyecto de rehabilitación y remodelación del parque de la Alameda do Cruceiro, con una importante zona de juego para niños, "se incluye la videovigilancia" en un intento claro de evitar ese tipo de actos vandálicos.
De lo que no tiene duda Araújo es que se trata de una iniciativa "muy positiva y necesaria", aunque al igual que Pérez Jácome reconoce que pueden existir problemas de tipo legal, sobre todo por ser mecanismo de vigilancia permanentes. Aunque también alude a que en estos momentos "contamos con cámaras de vigilancia en edificios públicos y también en polígonos". Pero lo importante en estos momentos es "dar pasos para frenar esos actos vandálicos que tiene una importante repercusión en el erario municipal", debido a que "debemos hacer frente a los costes de reposición y arreglo" de los daños ocasionados.
