La Xunta no da marcha atrás a su nuevo y polémico plan de transporte público para Galicia a pesar de la inédita unión entre patronal y sindicatos del sector. Adjudicó ya las primeras 38 concesiones a empresas, 12 de ellas para la provincia, y abre una nueva vía de contactos para cubrir las tres últimas líneas: la de Ourense, Baixa Limia y Terra de Celanova, "ante la falta de ofertas válidas". El nuevo trazado, que el ejecutivo autonómico defiende como una "modernización", empezará a funcionar en agosto e integrará los viajes escolares con los de carácter general.
Las doce vías que dispondrán de un nuevo servicio a partir del próximo agosto son: O Carballiño, Eixo de Laza (única que no se establece en forma de UTE -Unión Temporal de Empresas-), O Ribeiro, Viana, O Barco de Valdeorras, O Barco-Ourense, Trives-Caldelas, Castro Caldelas-Monforte de Lemos, A Limia, Verín y Lugo-Ourense.
En esta primera fase de la estrategia de reordenación del transporte gallego, la Xunta de Galicia convocó 41 concesiones tras la renuncia de 69 empresas a continuar operando en 570 líneas de autobús. Acabó recibiendo un total de 75 ofertas para conformar su nuevo plan. De momento, se organizaron ya 38 servicios, a falta de los de Ourense, Baixa Limia y Terra de Celanova, que, según el propio gobierno autonómico, "se prevé para los siguientes días".
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aclaró ayer que esta actuación, que se materializará en agosto, persigue garantizar un transporte para todos los vecinos y "que las pequeñas y medianas empresas tengan participación en los contratos de servicio público". En cuanto a la más que polémica decisión de aunar los servicios de viaje de niños y adultos, la responsable apuntó que este nuevo modelo permitirá poner los 120 millones de euros que se destinan cada año al transporte escolar a disposición de todos los ciudadanos. Para Vázquez, esta estrategia significa "el inicio de la imprescindible modernización del transporte público que Galicia necesita". Un sistema de rutas que no se tocaba desde su conformación a mediados del siglo pasado, cuando el reparto poblacional era muy diferente al actual.
¿Por qué esta situación?
La primera intención de la Xunta de Galicia fue la de prorrogar durante diez años más sus concesiones de transporte sin necesidad de convocar un concurso público. A cambio, las empresas reducirían en un 7% el montante de 120 millones de euros dedicados al servicio escolar y mejorarían su flota de vehículos. Sin embargo, el Tribunal Supremo frenó la iniciativa alegando que no cumplía con la normativa europea. Así, el gobierno autonómico se vio obligado a conformar una nueva ley de forma urgente para modernizar el trazado que debería encentarse a partir del 2019. Aprovechando la ocasión, se dio la posibilidad a las concesionarias a que dejasen sus rutas si no querían continuar. Ante el desplante de las 69 antes referidas -debido al coste que les suponía efectuar un servicio de rutas en mal estado-, la Consellería de Infraestruturas tuvo que adelantar el plan para agosto de este mismo año.
