26 de julio de 2017
26.07.2017
Pocos casos llegan a la vía judicial

La administración reclama 90.000 euros en un año a conductores por daños en carreteras

- Los expedientes por desperfectos en vallas o señales se inician con un atestado o tras el aviso de mantenimiento -El seguro obligatorio cubre el gasto, aunque la compañía puede exigírselo al usuario en caso de infracción grave

26.07.2017 | 02:55
Cambio de una valla tras un siniestro en la A-52. // Brais Lorenzo

Salir ileso de un accidente de tráfico, sin más heridos, tiene aun así consecuencias si el vehículo vierte carburante o aceite, o se lleva por delante muros, vallas, pretiles o señales. La fatalidad no exime de tener que enfrentarse a una reclamación económica por parte de la administración titular de una carretera. Solo en un año en la provincia de Ourense, las cuatro instancias principales -Estado, Xunta, Diputación y el Ayuntamiento de la capital- reclamaron unos 90.000 euros a los conductores. Las aseguradoras reciben el parte de los clientes y se hacen cargo como responsables civiles directos, debido a que la póliza obligatoria es de responsabilidad civil frente a daños causados a terceros, tanto lesiones como materiales. No obstante y aunque sea infrecuente, las compañías pueden ejercitar la denominado acción de repetición (exigir al responsable la cantidad asumida en un inicio) si el usuario cometió alguna infracción grave, como ir bajo efectos del alcohol o las drogas.

También es posible que el conductor no tenga seguro o que el vehículo implicado sea robado, por lo que "la administración se reclamaría a sí misma", dice un abogado que representa a dos compañías en Ourense. La propietaria del elemento vial pediría la cantidad al Consorcio de Compensación de Seguros, que posteriormente comprobará si el conductor tiene bienes con los que responder. Puede haber casos de acciones de repetición en cadena", ilustra el letrado.

En primer lugar, la administración repara los elementos dañados en sus vías y posteriormente inicia la reclamación al implicado en el siniestro. Los organismos se enteran de los desperfectos y buscan cómo reclamarlos mediante el atestado de la Guardia Civil de Tráfico o los avisos de los operarios de mantenimiento o conservación -personal propio o contratado, según la administración-, que son sus vigilantes de carretera. En este caso, una vez constatada la incidencia en el servicio correspondiente, se requieren datos a la Jefatura Provincial de Tráfico para identificar al conductor e iniciar el expediente contra él.

La Administración General del Estado tiene 2.500 kilómetros de su titularidad en toda Galicia. En 2016, Ourense fue tras Pontevedra la segunda provincia con la mayor cifra reclamada por daños. Se incoaron un total de 60 expedientes en vía administrativa para solicitar un total de 52.935,02 euros (en el conjunto de la comunidad, el dato fue de 259.038,34 euros). Los daños más habituales son los causados en las barreras metálicas. Las reclamaciones de daños son un procedimiento administrativo y, por tanto, admiten alegaciones o pleito por lo contencioso. El porcentaje aproximado de casos que llegan al juzgado en toda Galicia es inferior al 9 %. En la provincia, en todo el año 2016, no hubo ningún pleito sobre vías del Estado.

De la Diputación de Ourense depende la conservación de 1.850 kilómetros de carreteras, una tupida madeja que discurre por las comarcas, reflejo de la dispersión territorial, y que en línea recta salvaría la distancia entre Ourense y Bruselas. El año pasado tramitó 13 expedientes de reclamación de daños a conductores, por un importe total de 15.452,55 euros. Según el diputado de Cooperación, Pablo Pérez (PP), los destrozos más habituales "son en el sistema de contención de la vía -vallas, barandillas o biondas-, daños en señales, vertidos de sustancias resbaladizas o restos de cristales y tierra en la vía como consecuencia del accidente".

Se incluye en la cifra el coste de la jornada de las brigadas

Un ejemplo: el 25 de octubre de 2016, un vehículo se salió de la vía en el kilómetro 1,5 de la OU-0551 (Ponte Nova - Bellao), en el municipio de Ourense. La Diputación reclamó al conductor 492,54 euros, un importe que incluye los daños en 4 metros de bionda y la jornada de trabajo de la brigada provincial. De las 13 reclamaciones del año pasado, 4 llegaron a la vía judicial. Los abogados de las aseguradoras tratan de acreditar si el siniestro ocurrió por culpa de la mala señalización, la conservación o la iluminación de la vía, solicitando pruebas periciales si es preciso. Una causa de fuerza mayor, como un fenómeno meteorológico, podría eximir. También, según un abogado, "que existan señales contradictorias; pero son casos difíciles de ganar".

Ni la delegación territorial ni la consellería han facilitado datos actualizados de los expedientes incoados por la Xunta pese a que este diario insistió, durante 2 semanas. Para esta información se utiliza como referencia aproximada un dato de 2015. Aquel año, la administración autonómica finalizó el trámite de 29 reclamaciones con una cuantía media de 500 euros, por lo que el total sería de 14.500 euros.

El dato del Concello de Ourense tampoco llega al detalle. En 2016 se abrieron un total de 22 expedientes de reclamación a conductores -ya son 17 en lo que va de año-, "la inmensa mayoría por daños en señalización vertical y, en menor medida, en algún banco o contenedor", según fuentes municipales. Urbanismo asegura que ""muy pocos van a vía judicial, porque los aludidos desisten o la propia compañía aseguradora inicia los trámites de los pagos. En general, se trata de daños de escasa cuantía, y suele resultar bastante gravoso iniciar una reclamación judicial". Uno de los últimos expedientes abordados en junta de gobierno local cifraba la reclamación en 327'58 euros. La mayoría oscilan entre 120 y 200 euros. Multiplicando el promedio, 160, por los registrados este año, el importe reclamado a conductores sería de 3.520 euros.

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