La polémica suscitada entorno al establecimiento público ubicado entre el hotel San Martín y la Subdelegación de Gobierno, en la actualidad denominado La Central, y gestionado en régimen de concesión, escribió ayer una nueva página, al acordar la Junta de Gobierno Local "la extinción administrativa de la concesión de la explotación por lo incumplimientos en los siguientes términos: realizaron una cesión no autorizada de la concesión administrativa, además de encontrarse en situación de concurso de acreedores, la empresa que la tenía y que luego la cedió a otra". Así se hace constar en los informes jurídicos que llevaron a la anulación de la concesión.

Así lo anunció el alcalde, Jesús Vázquez, en su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local. Explicó que se remitirá la decisión tanto a la entidad concesionaria, Promociones de Alojamientos Orensanos S.A, a través de su administrador concursal, como a la de Jardín Japonés SL, y a Kissinger Baltic Corporation, que son la que gestionan el local público, a través de un contrato privado.

Contra esta resolución del concello cabe la interposición de "recurso potestativo de reposición" en el plazo de un mes, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recursos contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación.

Pasos establecidos

Una resolución que se produce cuando el periodo de concesión finaliza en 2018, como así reconocía el regidor, además de calificarlo como "un asunto meramente administrativo", cuando en realidad fue objeto de controversia, que derivó en la creación de una comisión de investigación que sigue a la espera de su constitución. Una situación que para los grupos de la oposición revela el "interés" del gobierno popular, sobre todo de algunos de su integrantes, para dilatarla en el tiempo.

Una alusión que rechaza Jesús Vázquez, al justificar la demora en que "todos los procesos administrativos tienen sus plazos y sus tiempos". Y en cuanto al anuncio realizado en su momento de la apertura de un expediente informativo en el área de Comercio para conocer las causas que llevaron a la caducidad del mencionado expediente, el regidor reprochaba la "intencionalidad que tienen algunos" al realizar determinados planteamiento, y evitando pronunciarse si finalmente se había procedido a la apertura del expediente. Y hacer referencia a que cualquier grupo político puede acceder al expediente, como así lo hicieron.